El pasado 25 de octubre me di cita en Ensenada Blanca, en el municipio de Loreto. Fui con la intención de disfrutar de una de esas bellezas naturales que hacen de Baja California Sur un lugar privilegiado. Pero antes de llegar a la arena tuve que enfrentarme a tres filtros. Tres obstáculos que, vistos por separado, quizá podrían parecer incidentes aislados. Juntos, cuentan otra historia: la de cómo una playa pública puede convertirse, en los hechos, en un lugar al que la gente difícilmente puede acceder.
El primer filtro estaba sobre la carretera, en la entrada principal. Me acerqué a los guardias de seguridad y les manifesté mi intención de entrar a la playa. La respuesta fue inmediata: no era posible. Ese acceso, me dijeron, estaba destinado exclusivamente a quienes iban al hotel.
Les hice saber que el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales contempla la obligación de garantizar el acceso a las playas en los supuestos que establece la propia ley. Sin embargo, la explicación jurídica no abrió la puerta. El acceso siguió cerrado.
Los guardias me indicaron que podía tomar otro camino. Así que me retiré y busqué una segunda entrada, con la esperanza de que el siguiente recorrido fuera menos complicado.
No lo fue.
Avancé por el camino que atraviesa el poblado de Ensenada Blanca hasta llegar al fondo, donde encontré el segundo filtro: un cerco que bloqueaba el paso, dos guardias de seguridad y un letrero que advertía: «Propiedad privada».
Volví a explicar que mi intención era llegar a la playa. Esta vez me dijeron que no podía continuar con el vehículo, pero que podía dejarlo estacionado a un costado y seguir caminando.
A primera vista, aquello podría parecer una solución. No te niegan por completo el acceso: simplemente te obligan a entrar a pie.
Y ahí aparece uno de los mecanismos más eficaces para restringir el disfrute de una playa sin necesidad de colocar un letrero que diga expresamente «prohibido el paso». Se permite una entrada peatonal estrecha, de menos de un metro, mientras se limita el acceso vehicular y se dificulta el traslado de las pertenencias necesarias para pasar el día en la playa.
Como se aprecia en las fotografías que acompañan esta columna, el acceso está señalado con un letrero que dice «Acceso peatonal a playa». La playa se encontraba a unos cien metros de ese punto, pero llegar al resto de la ensenada implicaba otra historia.
Decidimos continuar a pie. Llevábamos sillas, una sombrilla y una hielera. Éramos tres personas dispuestas a pasar el día junto al mar. Sin embargo, apenas habíamos recorrido entre cien y ciento cincuenta metros cuando apareció el tercer filtro: un muro de piedras que impedía continuar por ese tramo hacia el resto de la playa.
Ya no se trataba de una caseta, de un guardia o de un letrero. Era una barrera física que obstaculizaba el paso peatonal. Tres filtros para llegar al mar.
Primero, una entrada reservada para quienes van al hotel. Después, un camino donde se impide continuar en vehículo. Finalmente, un muro de piedras que bloquea el paso hacia el resto de la ensenada.
El resultado es una playa fragmentada por obstáculos que condicionan dónde y cómo puede disfrutarla el público. De acuerdo con el recorrido que realizamos, la parte a la que se podía llegar con relativa facilidad representaba apenas una pequeña porción del litoral. El resto, incluida la zona que a simple vista parecía
ofrecer mejores condiciones para disfrutar de la arena y el paisaje, quedaba detrás de las barreras.
No basta con decir que una playa es pública si, en la práctica, llegar a ella se convierte en una carrera de obstáculos.
