Erick Iván Canchola Fiol
Los Cabos, Baja California Sur.– Magdalena Gallegos Ortíz, directora general del Centro de Conciliación Laboral de Baja California Sur, parece tener un concepto muy peculiar de la “justicia” y la “transparencia”.
En su dependencia, las transferencias electrónicas y los comprobantes bancarios son papel mojado; ahí lo que verdaderamente importa y manda es el dinero en efectivo, contante, sonante y, de preferencia, sin rastro.
El más reciente escándalo de opacidad y prepotencia en esta institución quedó al descubierto bajo el expediente CSL/CI/2026/001536. La abogada Guadalupe Zamorano Reyes acudió a la Delegación de Cabo San Lucas con un trámite que en cualquier dependencia moderna sería de rutina: entregar los comprobantes bancarios que acreditan el pago de más de 67 mil pesos (40 mil del convenio principal y más de 27 mil de pena convencional) transferidos directamente a la cuenta del trabajador Marco Antonio Almanza Beltrán.
Sin embargo, al intentar entregar la documentación, se topó con el verdadero filtro de la dependencia: el Licenciado Saúl Medina Hernández.
Este funcionario —quien, por cierto, ya arrastra un nada envidiable historial de denuncias por su actitud prepotente y mal comportamiento— estalló en cólera.
De forma agresiva y rotunda, Medina Hernández se negó a recibir un solo papel o firmar el acuse de recibo. ¿Su absurdo argumento? Que el pago debía hacerse en efectivo y físicamente dentro de las instalaciones del Centro de Conciliación.
¿Por qué tanto aferre con ver los billetes físicamente en plena era digital, cuando el pago ya había sido ejecutado y descontado de las cuentas empresariales?
La respuesta indigna, pero no sorprende: exigir efectivo es la táctica más vieja y sucia para que los abogados o los mismos funcionarios puedan retener su “porcentaje” directamente de las manos del trabajador.
Es la vía libre para aplicarle la famosa “vacuna” al cliente o, como se dice coloquialmente, “cobrarse a lo chino” antes de que el trabajador pueda siquiera contar su dinero.
La empresa cumplió, pagó y documentó las transferencias con total legalidad, pero a la dependencia le arruinaron el negocio de la intermediación física.
Al negarse a recibir los comprobantes, el personal de Gallegos Ortíz bloquea maliciosamente la certificación del cumplimiento del convenio, dejando a la parte patronal en la incertidumbre jurídica y evidenciando que el Centro opera más como una aduana de cobro que como una autoridad conciliadora.
Es francamente indignante que una institución que debería velar por la fluidez, legalidad y protección de los derechos laborales, funcione con las mañas de un cobrador de piso.
La pregunta que queda en el aire para la titular, Magdalena Gallegos Ortíz, es obligada: ¿Está al tanto de que en su delegación en Los Cabos se exige efectivo de manera agresiva para facilitar los “moches” y cobros a lo chino, o es que acaso esta es la línea de trabajo oficial dictada desde su oficina? Porque si no puede controlar la prepotencia y las tácticas mañosas de funcionarios como Saúl Medina Hernández, queda claro que el cargo le queda inmensamente grande.
