José Luis Rodríguez
Los Cabos, Baja California Sur.- Si la delegación fue su campo de entrenamiento para el desorden y sus primeros años de alcalde demostraron la brecha entre su discurso y sus acciones, el cierre de la administración de Óscar Leggs (2021-2024) coronó un periodo que hoy no se debate en las urnas, sino en los tribunales.
Hoy, con una sorprendente falta de memoria histórica, pretende buscar de nuevo la alcaldía en 2027 apostando a que los ciudadanos olviden el colapso financiero y los procesos penales que heredó.
La retórica del “sentido humano” se cayó a pedazos cuando los recursos no llegaron a quienes más lo necesitaban.
Por ejemplo, en 2025, la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos exigió el esclarecimiento de los recursos del programa de becas de 2024, señalando que la administración de Leggs nunca las entregó y dejó un presunto adeudo millonario afectando directamente a los estudiantes.
Por si fuera poco, el Organismo Operador de Agua (SAPA Los Cabos) bajo su gestión, fue señalado recientemente de tener más de mil millones de pesos pendientes por solventar de la cuenta pública, evidenciando el nivel de desorden administrativo en una de las dependencias más sensibles para los sanluqueños.
Aquí documentamos el desastre con el que cerró su gobierno, sustentado en datos de la Fiscalía:
- Vinculación a proceso: La caída legal de su gobierno
El desastre financiero del Ayuntamiento no es un mito de la oposición ni un rumor de redes sociales; está judicializado. El 18 de enero de 2025, el propio Óscar Leggs Castro y su ex tesorero, José Martín Talamantes, fueron vinculados a proceso penal.
¿El motivo? Se les investiga formalmente por el delito de abuso de poder por simulación (previsto en el artículo 256 del Código Penal vigente en Baja California Sur). Su gobierno, que prometía no robar ni traicionar, terminó frente a un juez de control.
A Leggs se le impusieron medidas cautelares severas: la obligación de firmar cada 15 días y la prohibición estricta de salir del país durante la investigación.
- Las cuentas claras según el Fiscal Anticorrupción, Lenin Amao
La gravedad de las acusaciones fue confirmada por el propio titular de la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur, Lenin Emiliano Ortiz Amao.
Tras la audiencia inicial (en la que Leggs intentó ganar tiempo solicitando la duplicidad del término), el Fiscal Amao fue contundente.
Amao explicó públicamente que el juez otorgó un periodo de seis meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual la Fiscalía Anticorrupción solicitaría información bancaria clave para presentar la acusación final. Es decir, se está rastreando el dinero.
El “gobierno con sentido humano” cerró siendo investigado por cómo y dónde se movieron los recursos que debieron llegar al pueblo de Los Cabos.
- El cinismo de pedir el voto para 2027
Durante este proceso penal, la respuesta de Leggs fue la clásica de la vieja política: “no tenemos nada que esconder” y “damos la cara”.
Sin embargo, los hechos hablan por sí solos. No solo es él, funcionarios de su primer círculo, como su ex oficial mayor Alan Sotelo Burgoin, también han enfrentado procesos por abuso de autoridad relacionados con contrataciones financieras irregulares que le costaron millones al erario sin que se hiciera ningún trámite real.
Con medidas cautelares en su contra, obligado a firmar cada quincena ante un juez, sin poder salir del país y con la Fiscalía Anticorrupción rastreando los movimientos bancarios de su gestión, Óscar Leggs demuestra que su proyecto político se basa en apostarle al olvido ciudadano.
Quien dejó a la administración bajo investigación penal y endeudada no debería pedir una nueva oportunidad para administrar los recursos del pueblo en 2027, sino concentrarse en rendir cuentas ante las autoridades.
