La Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos A.C. lamentó que la postura oficial de la SEMARNAT ante el conflicto que se ha agudizado en los últimos días en esa playa paceña “desvíe la atención del problema de fondo”.
“Es falso y reduccionista afirmar que el conflicto en Playa Los Cerritos se limita a una disputa por la tenencia de la tierra o a un litigio entre particulares. Pretender desligar a la SEMARNAT de su responsabilidad ambiental argumentando incompetencia en materia agraria o de propiedad en un intento de evadir el núcleo de la ilegalidad: la ocupación irrestricta y comercialización no autorizada de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y la posterior regularización a modo de infraestructura construida al margen de la ley”, señala la AC en una carta dirigida a autoridades locales y federales.
En esa carta, la Asociación de Proveedores de Servicios y Surf de Los Cerritos A.C. fija su postura ante las recientes declaraciones de la titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Baja California Sur, Cristina González Rubio Sanvicente, “respecto a la problemática y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada en Playa Los Cerritos”.
“La autoridad ambiental omite señalar que la MIA aprobada bajo el esquema de regularización busca validar construcciones comerciales como restaurantes, clubes de playa y cisternas que fueron levantadas sin permisos ambientales previos. Otorgar una autorización ambiental para respaldar hechos consumados sienta un precedente nefasto: construir primero sin permisos para después exigir la regularización a la autoridad ambiental”, insiste.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) autorizada para el proyecto. La organización sostiene que el procedimiento permite regularizar construcciones destinadas a actividades comerciales, entre ellas restaurantes, clubes de playa y cisternas. La asociación considera que esta práctica podría establecer un precedente para que obras sean realizadas sin permisos y posteriormente sometidas a procesos de regularización.
La agrupación también señaló que durante el proceso existieron observaciones de distintas instituciones que, según su postura, no fueron atendidas en la resolución ambiental. Entre ellas mencionó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por señalamientos relacionados con la dinámica hídrica y los flujos en la zona costera; al Ayuntamiento de La Paz, cuyo dictamen técnico habría establecido que el proyecto no es compatible con el Plan de Desarrollo Urbano vigente, y a Protección Civil, que habría identificado condiciones de riesgo para el desarrollo.
La asociación agregó que durante la consulta pública ambiental fueron presentados señalamientos de habitantes y prestadores de servicios sobre posibles afectaciones al ecosistema y al acceso público a la playa. También afirmó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) mantiene procedimientos administrativos relacionados con el proyecto de la mesa directiva del Ejido El Pescadero, situación que, según la organización, debió ser considerada antes de autorizar la MIA.
Otro de los puntos señalados corresponde al trazo de la ZOFEMAT realizado en 2020. La asociación sostiene que la delimitación incorporó como cuerpos de agua áreas tierra adentro sujetas a inundaciones ocasionales.
Desde la perspectiva de la Asociación Civil, esta delimitación habría contribuido a fragmentar espacios de la playa, limitar accesos utilizados con anterioridad y generar condiciones para el cobro por el uso de áreas que forman parte del dominio público de la Nación.
Ante estos señalamientos, la AC pidió a las oficinas centrales de SEMARNAT realizar una revisión del procedimiento y revocar la MIA otorgada al proyecto “Cerritos La L”.
La asociación advirtió que continuará utilizando vías legales y administrativas, además de acciones de participación social, para defender el uso público de Playa Los Cerritos.
