Evaluar el desarrollo de Baja California Sur únicamente a través del turismo urbano es un error frecuente. Detrás del lujo costero, late el motor histórico de nuestra tierra en la zona rural. Miraflores, Santiago, La Ribera y sus rancherías sudcalifornianas no son la periferia; son el origen y la reserva moral que hoy enfrentan un silencio que urge romper.
Existe una brecha histórica intolerable entre la zona urbana y las delegaciones del norte del municipio. La justicia rural no se liquida con el asistencialismo cíclico de entregar una bomba de agua o una despensa; esos son paliativos que solo administran la carencia. El ranchero, el agricultor y el pescador requieren herramientas estructurales y presupuestos debidamente etiquetados para consolidar su autosuficiencia productiva.
Esta deuda sagrada inicia en la salud y la educación. Es inadmisible que las delegaciones rurales tengan clínicas pero carezcan de médicos las 24 horas, o que no exista una sola ambulancia para el traslado seguro de pacientes en emergencias.
El diseño presupuestal debe etiquetar recursos urgentes para dotar de ambulancias a cada comunidad y garantizar personal médico de tiempo completo. Asimismo, es prioritario reactivar los albergues e internados rurales, otorgar estímulos económicos a docentes de escuelas multigrado y reparar los caminos deteriorados que aíslan a los estudiantes de las rancherías.
En el eje productivo, el rescate del agua debe pasar de la improvisación a la ciencia con un enfoque estrictamente diseñado para el campo. Mientras que la zona urbana exige soluciones tecnológicas e industriales complejas como la construcción y mantenimiento de plantas desalinizadoras, así como la reparación de la red hidráulica para evitar fugas de agua, la soberanía hídrica de nuestra agricultura y ganadería requiere soluciones de origen natural y de captación.
Para ello, se propone una investigación geohidrológica de fondo con CONAGUA enfocada en identificar nuevas cuencas y fuentes subterráneas en la zona rural, sumada a un programa agresivo de micro-represas para la cosecha de agua de lluvia.
Complementando esta estrategia, el sector agropecuario requiere tecnificación mediante telemetría y geolocalización GPS en pozos agrícolas para monitorear la extracción en tiempo real, garantizando
sistemas de riego solares que bajen los costos del ranchero sudcaliforniano.
Para los pescadores artesanales en La Ribera, es necesaria una protección total frente a intermediarios abusivos mediante centros de acopio comunitarios y redes de frío.
Esto se complementa con la viabilidad del “Sello de Identidad Sudcaliforniana”: la creación de leyes candado e incentivos fiscales para motivar a las grandes cadenas y hoteles de lujo a conocer y consumir prioritariamente los productos de clase mundial de nuestro campo y mar.
Esta transformación es posible con dignidad legislativa: se requieren representantes de territorio y no de escritorio, capaces de caminar las comunidades de manera permanente.
La soberanía y el futuro de nuestras comunidades se construyen desde el ámbito local mediante la legislación estatal de nuestro Congreso del Estado; una tarea que exige rigor ético, presencia constante y la convicción inquebrantable de que el florecimiento de nuestro origen es la única vía hacia el progreso justo, trabajando con el corazón, por amor a nuestra tierra.
