Erick Iván Canchola Fiol
El caso de El Mogote no es solo un capítulo de devastación ecológica y especulación inmobiliaria en la historia de Baja California Sur; es también un recordatorio de la impunidad y la falta de rendición de cuentas que ha caracterizado a ciertos grupos de poder.
A más de dos décadas de aquella cuestionada venta, las sombras del pasado persiguen el legado político de Leonel Cota Montaño y, ahora, se proyectan sobre las aspiraciones de su heredero político.
Tras el estallido del escándalo de “Paraíso del Mar” y las clausuras impuestas por las autoridades ambientales federales, el proyecto quedó inmerso en una maraña de litigios y deudas. Las promesas de desarrollo económico y empleo se desvanecieron tan rápido como se autorizó la venta de la tierra a un dólar el metro cuadrado.
Sin embargo, lo que más indignación causó entre la sociedad paceña fue la ausencia de consecuencias políticas o legales para los artífices de la transacción.
A pesar de los señalamientos de daño al patrimonio del Estado y de afectaciones a los manglares, las responsabilidades se diluyeron en el tiempo. Leonel Cota Montaño concluyó su mandato y continuó su carrera política, ocupando cargos a nivel federal, más recientemente como director de Segalmex, dependencia que también se vio envuelta en polémicas durante su gestión.
En la actualidad, El Mogote es un paisaje de contrastes. Por un lado, la naturaleza lucha por recuperar los espacios alterados por la maquinaria, gracias en parte a los esfuerzos de conservación de grupos ciudadanos. Por otro lado, las estructuras de concreto abandonadas o a medio terminar de lo que sería el lujoso desarrollo turístico permanecen como un “elefante blanco”, un monumento tangible a las malas decisiones y a la priorización de intereses privados sobre el bien público.
La herida en la bahía de La Paz sigue abierta, no solo en términos ambientales, sino también en la memoria colectiva de una sociedad que vio cómo se malbarataba uno de sus tesoros naturales más emblemáticos.
El “Caso Mogote” cobra una nueva relevancia en el contexto político actual de Baja California Sur. Con el reciente nombramiento de Manuel Cota Cárdenas, hijo del exgobernador, como coordinador de la defensa de la transformación y soberanía del estado por la coalición Morena-PVEM, el pasado de su familia vuelve a estar bajo el escrutinio público.
La disputa por la candidatura a la gubernatura dentro de la Cuarta Transformación, que ahora se centra entre Cota Cárdenas y Christian Agúndez Gómez (hijo de otro exgobernador polémico, Narciso Agúndez Montaño), obliga a los electores a reflexionar sobre el peso de los legados políticos.
Para Manuel Cota Cárdenas, el reto no será solo construir su propia identidad política, sino también lidiar con la “marca” que dejó la administración de su padre. El fantasma de El Mogote, con su historial de privatización y opacidad, representa un cuestionamiento ineludible sobre qué tipo de gobierno se propone para Baja California Sur: uno que proteja el patrimonio del estado o uno que repita los errores del pasado.
