Para entender mejor en qué se invierte el dinero público en Baja California Sur, tomemos como referencia obras de pavimentación en La Paz. Con $10,000,000.00 (diez millones de pesos M.N.), el gobierno del estado podría financiar proyectos como:
- Pavimentación con concreto hidráulico en La Paz del Blvd. Agustín Olachea, tramo Colosio–Tijeretas (dos cuadras): $10.4 millones de pesos.
- Pavimentación en La Paz de un carril del Blvd. Pino Pallas: $9,472,228 (Nueve millones cuatrocientos setenta y dos mil doscientos veintiocho pesos M.N.).
- Pavimentación con concreto hidráulico en la paceña calle del Tesoro, tramo Avenida Insurgentes a Brecha California en La Paz: $7,230,444.62 pesos.
Estas cifras ilustran cómo se materializa el uso del recurso público en infraestructuras que los ciudadanos pueden evaluar directamente. Sin embargo, surge una inquietud al comparar estos proyectos con la reciente licitación pública número LPA-000000014-023-2024.
Una licitación controversial: asesoría legal millonaria
En mayo, se publicó la licitación pública LPA-000000014-023-2024, asignada a un despacho privado de abogados por cerca de $10 millones de pesos. Este contrato, convocado por la Secretaría de Finanzas y Administración, tiene como objetivo la asesoría para contestar auditorías federales, estatales y de la Contraloría General.

Justificación y contradicciones
La Secretaría de Finanzas justificó esta contratación alegando la necesidad de asesoría para responder a los requerimientos de la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría General del Estado de Baja California Sur. No obstante, resulta controvertido que el Gobierno del Estado cuente con una instancia específica para esta tarea: la Coordinación de Atención y Seguimiento a Auditorías, con un presupuesto de $6,109,228 (seis millones ciento nueve mil doscientos veintiocho pesos M.N.), significativamente menor al costo del contrato adjudicado al despacho privado.
Proceso de licitación y transparencia
Durante la licitación sólo se presentó una oferta económica, a pesar de que se inscribieron dos despachos privados de abogados. Esto plantea preguntas sobre la transparencia y la competencia del proceso.
El despacho contratado debía demostrar una experiencia mínima, incluyendo al menos dos contratos de montos y conceptos similares en los últimos tres años. Al revisar la facturación de este despacho, se encontró que en 2019 brindó asesoría técnica-jurídica a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal por $505,000 (quinientos cinco mil pesos M.N.). Ahora, por una asesoría similar, cobrará $9,512,000 (nueve Millones quinientos doce mil pesos M.N.), lo que representa un aumento significativo sin una justificación clara.
La necesidad de transparencia y participación ciudadana
La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California Sur establece que los ciudadanos tienen el derecho a ser informados sobre la realización de obras y servicios públicos. Además, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado demanda que la administración de recursos públicos se realice con legalidad, honestidad, eficiencia y transparencia.
Es esencial que los ciudadanos de Baja California Sur participen a través de observatorios ciudadanos en los procesos de adjudicación de contratos públicos. De esta manera, se puede vigilar el uso y destino de los recursos públicos, asegurando que los contratos se asignen con base en la mejor calidad y precio.
Conclusión y pregunta final
La Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Superior del Estado y la Contraloría General del Estado deben auditar el proceso y la asignación del contrato de la licitación LPA-000000014-023-2024. Si se encuentran irregularidades, será responsabilidad de la Contraloría General y la Auditoría Superior del Estado remitir el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur para iniciar la investigación correspondiente.
La pregunta que queda en el aire es: ¿se contratará a otro despacho privado de abogados para responder a estas observaciones ciudadanas?
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