Greenpeace anunció ayer contar con información para asegurar que el proyecto Cabo Cortés incumple diversas condicionantes sobre los impactos ambientales que puede provocar a la reserva marina de Cabo Pulmo.
Ni los representantes de la empresa desarrolladora de capital español que actualmente proyecta complejo turístico de gran escala en las inmediaciones de Cabo Pulmo la cual ya ha empleado recursos legales para recuperar la “patente de corso” que se le otorgó originalmente para realizar sus objetivos ni la Sociedad Civil Organizada que representa el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, asociación civil que busca que un desarrollo sustentable para la vida de las especies naturales, “ni la comunidad” se han quedado de brazos cruzados ante el resolutivo parcial que con que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autoriza que se realicen ciertos de los componentes del proyecto denominado Cabo Cortés, indicaron abogados del CEMDA.
Abogados del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) entrevistados para Peninsular Digital enumeraron al menos 3 litigios en los que actualmente se pide la revisión del dictamen resolutivo emitido por la agencia ambiental del Gobierno Federal.
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