Ninguna ley puede tener validez, existir, ser aplicada en nombre del pueblo, si no existe la voluntad política para hacerla imperar

Mejor que no legislen

Ninguna ley puede tener validez, existir, ser aplicada en nombre del pueblo, si no existe la voluntad política para hacerla imperar. De nada sirve tener un derecho perfecto, si eso no está detrás.

Viene a cuento ahora que el Congreso clausura el último periodo ordinario de sesiones de esta Legislatura. Produjeron muchas leyes, pero…

Justiniano, el emperador romano nacido en Montenegro –un pedazo de la antigua Yugoslavia– fue el mandamás del Imperio latino de Occidente, con sede en Bizancio, después llamada Constantinopla, hoy Estambul.

La civilización occidental debe tanto a este personaje‎ que no habría monumento de ningún tamaño para rendirle los honores que su epopeya intelectual hizo posible: recopilar la columna vertebral de la vida en sociedad.

Flavio Justiniano llevó a cabo una de las labores más trascendentes de su tiempo: recopilar el derecho romano público y privado, pulverizado y postergado durante los afanes de conquista del Imperio.

Así, mientras otros pensaban en la guerra eterna y desplegaban los ejércitos sobre Finisterre, Britania, Las Galias, Iberia, África y los desiertos asiáticos, ‎Justiniano glosó en sus Pandectas o Digesto, sus famosas Instituta, la base de toda conducta.

O sea, la recopilación que sirvió de base al monumental Corpus Iuris Civilis, los principios generales de la ley, aplicables en todo momento y espacio, para toda conducta humana del occidente planetario.

Sin duda, de mayor importancia actual que la medicina de Galeno, la geometría de Euclides o los principios de trigonometría de Hiparco, toda vez que estas aportaciones han admitido modernización por efectos de avances tecnológicos, mientras que las Instituta no.

Cualquier gesto ‎homínido, toda reacción del ser humano ante su entorno social, económico, político o cultural, el menor trazo de un arreglo o una conducta, «desde el infierno hasta el cielo», pueden estar contemplados o resueltos en ellos, con la ayuda de ellos.

Cuando el juzgador no encuentra a la mano una norma que encaje perfectamente en el caso concreto, nuestra Constitución y todos los códigos civiles modernos, desde Napoleón hasta la fecha, ordenan que la interpretación jurídica se asiente sobre dichos principios.

Ya todo existe; nada hay nuevo bajo el sol

Los principios generales del derecho, recopilados por Justiniano, están presentes en nuestra vida cotidiana como lo estuvieron entre los pueblos de la antigüedad o en la vida civil de todo el tiempo que podamos recordar.

No puede uno más que asombrarse. En esta materia, no hay nada nuevo que descubrir bajo el sol, como atinadamente lo dijera el rey Salomón en el monumental Eclesiastés del Antiguo Testamento.

El manto protector de los principios generales del Derecho cubre las operaciones mercantiles, lo mismo con el Pacta sunt servanda (lo pactado, obliga), que con el famoso Rebus sic stantibus (las operaciones se cumplen respetando las condiciones del momento en que se contrajeron) que condena a Shylock, en El Mercader de Venecia, de Shakespeare.

Protege las tipificaciones penales, con el célebre Nulla pena sine lege y el Quod initio vitiotum est, non potest tractu temporis convalescere (despejando toda duda de que «lo inicialmente viciado, no se convalida por el transcurso del tiempo»‎).

Trasciende al derecho de gentes, el internacional, con el famoso Ultra posse nemo obligatur (nadie está obligado a lo imposible), o «lo que no consta en el expediente, no existe en el mundo».

Rige el derecho político, con el famoso «no se puede ser juez y parte de una misma causa», el Jus suum cuique tribuere (dar a cada quien lo que le corresponde) o «a confesión de parte, relevo de pruebas».

Porque el derecho siempre está ahí, donde se necesita que se exprese. A falta de ley aplicable, operan los principios generales de la ley, dice el artículo 14 de nuestra Carta Magna, pues su jerarquía es equivalente en el tiempo y el espacio. Así se establece en todas latitudes.

Hay miles y miles de leyes… ¡y no se aplican!

‎Existen sobre la Tierra muchos pueblos civilizados, con sociedades estratificadas y ampliamente diversificadas que necesitan para su correcta convivencia unas cuantas leyes, pocos códigos y la interpretación judicial inteligente.

‎Nosotros estamos en el lado opuesto de esa condición. Sobre-regulados y congestionados de leyes aprobadas y votadas como si se tratara de una competencia entre formaciones políticas, para ver cuál de ellas es la más abocada para legislar al vapor.

El resultado está a la vista: un catálogo de derecho positivo, integrado por decenas de miles de leyes y códigos de las que nadie se acuerda, hasta que tiene que ir a las bibliotecas jurídicas para respaldar nuevas iniciativas y argumentar ¡sobre lo ya legislado con antelación!

Es la locura. A punto de acabar una legislatura política de tres años, cuando las bancadas reportan que hay casi dos mil iniciativas de su prolija inspiración pendientes de votar en el pleno cameral.‎ Por ejemplo, en este período se ha reformado más de 50 veces el artículo constitucional referido a la libertad de expresión.

Con toda seguridad podríamos afirmar que no tenemos una vida más sofisticada que aquella de los países de Europa occidental y algunos latinoamericanos, a los que les basta con una repisa del librero para exhibir toda su legislación. No obstante, continuamos produciendo normatividades.

Causa daños sobrecalentar al Estado con exceso de leyes

Entonces, ¿a qué se debe esa compulsión obsesiva que tenemos los mexicanos por legislar y aprobar leyes que se destinan al archivo y que sólo emergen cada vez que algún magistrado quiere inspirar sus sentencias en derecho antiguo?

Hace poco surgieron en el debate del foro las exigencias de nuevas leyes para delitos administrativos, invocadas al calor del «combate a la corrupción», la transparencia y el acceso a la información.

Siento decirles que toda esa legislación ya existe en el derecho positivo, complementada con los principios generales de interpretación jurídica. Si no se aplica es por defectos de voluntad política, nunca por falta de previsión del legislador.

Los conflictos de interés, el enriquecimiento inexplicable, la omisión asesina, la prohibición de participar en negocios públicos de parte de los mismos servidores que los autorizan, el abuso de confianza penalizado, el fraude a la ley, el acceso expedito a los documentos públicos, forman parte de una tradición jurídica secular en el derecho positivo mexicano.

‎Los sistemas de rendición de cuentas los había diseñado el constituyente de 1824 como un refreno a los dictadores. Otra cosa es que la falta de tradición parlamentaria y de respeto a la autor restricción como contrapeso, hayan obstaculizado su vigencia en las administraciones liberales y conservadoras.

Los controles administrativos naufragaron entre las luchas políticas de republicanos y monárquicos, radicales puros y moderados victoriosos que legaron tantas gestas heroicas como asignaturas pendientes. Pero existen.

Los esfuerzos legislativos de la República restaurada para erigir gobiernos pulcros, vigilar la recaudación, las inversiones y cuentas del gobierno, así como hacer efectiva la rendición de resultados y procedimientos administrativos, fue empeño constante.‎ Es derecho positivo.

Pero sobrecalentar un Estado con exceso de leyes, causa más daños que beneficios. La abundancia de leyes produce desprecio e ignorancia; provoca interpretaciones maliciosas y desavenencias entre las fuerzas políticas.

Frena la competitividad y empantana la administración. Es también un claro obstáculo cuando, en el despropósito, pretende recargar de normatividades a organismos que necesitan agilidad para actuar en la inmediatez.

Opera como un castigo ejemplar para aquéllos que quieren presumir de muchas obligaciones‎ u ostentar concentraciones de poder que sólo producen tejidos adiposos en la ejecución de los cometidos.

A pesar de la existencia de miles de leyes aplicables, de tener bajo arresto a sus cómplices y familiares por delitos desde el poder, no han tocado a Ángel Aguirre. El truhán se dio el lujo de pretender regresar al gobierno de Guerrero. ¡Todo por no aplicar la ley en su momento!

La ley y su interpretación siguen de vacaciones.

¡Ah!, la etérea voluntad política.

‎Nada nuevo bajo el sol. Sólo la etérea voluntad política.

Índice Flamígero: Y ya nos aprestamos a elegir, el 7 de junio, a cientos de legisladores locales y federales. Harán más y más leyes. Pero, ¿cómo para qué? Las que existen no se aplican. Las que aquellos promuevan y aprueben, tampoco se aplicarán. Esto es como el gato con los pies de trapo y los ojos al revés, ¿quiere que se lo cuente otra vez?

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