Formal prisión a generales acusados de delincuencia organizada
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ricardo Escorcia Vargas, general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) retirado; Roberto Dawe González, general Brigadier DEM; Tomás Ángeles Dauahare, general de división DEM retirado; y el general de Brigada Rubén Pérez Ramírez.
Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ricardo Escorcia Vargas, general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) retirado; Roberto Dawe González, general Brigadier DEM; Tomás Ángeles Dauahare, general de división DEM retirado; y el general de Brigada Rubén Pérez Ramírez.

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de agosto.- Un juez federal dictó auto de formal prisión contra Ricardo Escorcia Vargas, general de división Diplomado de Estado Mayor (DEM) retirado; Roberto Dawe González, general Brigadier DEM; Tomás Ángeles Dauahare, general de división DEM retirado; y el general de Brigada Rubén Pérez Ramírez.

Raúl Valerio Ramírez, juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales del Estado de México, con sede en Toluca, también resolvió auto de formal prisión contra el mayor Iván Reyna, y contra el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, por colaborar “de cualquier manera” al fomento para posibilitar la ejecución de los ilícitos.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los procesados, vinculados con el cártel de los Beltrán Leyva, no tienen derecho a la libertad provisional bajo caución por tratarse de delitos calificados como graves.

En el auto de formal prisión se aperturó el trámite del procedimiento por la vía ordinaria.

Con lo que inicia la etapa de instrucción, en que los afectados tendrán la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes y el juzgado de distrito pueda acordar lo pertinente para su desahogo.

“Se dictó auto de formal prisión porque con los elementos de prueba que constan en el expediente se desprenden indicios suficientes que comprobaron el cuerpo del delito de delincuencia organizada y que hacen probable la responsabilidad penal de los ahora procesados en su comisión, ya que se obtienen informes de que los mencionados, como servidores públicos, favorecían los intereses de la organización delincuencial conocida como los Beltrán Leyva”, informó el CJF.

Los castrenses implicados proporcionaron, al menos durante 2007, a la organización criminal información que conocían con motivo de sus funciones y que resultaba útil para esa agrupación delictiva.

Precisó además que apoyaron de diversas formas para que integrantes de dicho cártel pudieran hacer descender en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, aviones procedentes de Colombia y Venezuela cargados de cocaína para abastecer combustible y continuar su destino hacia el centro del país, convirtiendo así el vuelo a nacional, evitando con ello mayores revisiones.

Respecto al general Rubén Pérez Ramírez, se dijo que en Cancún “probablemente” intervino en una reunión con dos colaboradores de los Beltrán Leyva, a quienes presentó con los militares encargados de los turnos del aeropuerto de aquella urbe, para que estos últimos acordaran con los primeros el apoyo a sus actividades ilícitas, con lo cual y de manera probable colaboró al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.

El pasado 15 de mayo cuatro militares fueron presentados ante la Subprocuraduría de Investigación especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y posteriormente arraigados.

El 17 de julio la SIEDO incurrió en desacato a una orden judicial por no presentar las pruebas de descargo que acreditan o no las acusaciones  realizadas en contra de Ángeles y no cumplir el mandato dictado por la juez décimo segunda de distrito en amparo del Distrito Federal, Josefina Mora.

Ocho días después La Procuraduría General de la República (PGR) cumplió con la orden judicial emitida por la juez Décimo Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal, Josefina del Carmen Mora quien le mandó aceptar las pruebas de descargo presentadas por la defensa del general Tomás Ángeles.

El caso inició en marzo de 2010, cuando la Procuraduría General de la República recibió una denuncia anónima que ligó a los acusados con el crimen organizado.

Los testigos protegidos llamados Jennifer y El Grande rindieron declaraciones contra los generales. Lo cual es, hasta ahora, la única prueba que valoró el juez para acusarlos.

Los cuatro generales enfrentarán su proceso penal en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, Almoloya de Juárez.

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