Guatemala, estado de sitio
Estado de sitio en Guatemala
El gobierno informó que la medida busca frenar la violencia en cuatro municipios por un conflicto minero y permitirá dar con el paradero de narcotraficantes pertenecientes a Los Zetas.

GUATEMALA.– El gobierno de guatemalteco decretó ayer el Estado de sitio en cuatro municipios del oriente de Guatemala para controlar la violencia desatada en esa región por las protestas relacionadas con las operaciones de una mina de capital canadiense, el asesinato de un policía, el secuestro de otros 23 y la presencia del grupo mexicano de narcotraficantes Los Zetas en esa región.

La medida, que suspende las garantías constitucionales de los habitantes de esas comunidades, fue decretada por el presidente Otto Pérez Molina, luego de que el pasado lunes pobladores de Santa María Xalapán, en el departamento de Jalapa, retuvieran por varias horas a 23 policías y les quitaran sus armas de fuego.

En el rescate de los agentes, calificado por las autoridades como un “secuestro”, murió un policía y otros ocho resultaron heridos.

Los pobladores protestaban en contra de la mina San Rafael, ubicada en el departamento de Santa Rosa y subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources, cuyas operaciones fueron autorizadas por el gobierno a pesar de la oposición de los vecinos.

Pérez Molina explicó en una rueda de prensa que los municipios afectados con el Estado de sitio durante 30 días son Jalapa y Mataquescuintla (Jalapa), San Rafael las Flores y Casillas (Santa Rosa).

El secretario de Prensa, Francisco Cuevas, dijo que el Estado de sitio permitirá dar con el paradero de los miembros del grupo mexicano de sicarios y narcotraficantes de Los Zetas, que según el Ministerio de Gobernación opera en esa zona del país.

De acuerdo al jefe de Estado, la medida, que deberá ser ratificada por el Congreso en los próximos tres días, permitirá a las fuerzas de seguridad capturar a los responsables de los hechos de violencia causados supuestamente por las operaciones de la mina.

“El resultado de la investigación puede demostrar que no todo lo sucedido aquí ha sido relacionado con la mina San Rafael como algunos grupos lo han querido decir; ha habido una serie de hechos delictivos que se mezclan con el crimen organizado y otro tipo de intereses, lo que ha provocado hasta anarquía en esa región”, aseguró Pérez Molina.

Francisco Cuevas dijo que la medida decretada por el gobierno se debe, además, a que en noviembre pasado pobladores de Mataquescuintla robaron 11 mil candelas de dinamita que eran destinadas para la empresa minera.

Durante los operativos que encabeza el ministro de Defensa, Ulises Anzueto, acompañado de soldados, policías y fiscales, ya se han capturado diez personas de las 18 órdenes de captura que se libraron y a quienes la Fiscalía los acusa de los delitos de asociación ilícita, conspiración, asesinato y robo agravado.

Las fuerzas de seguridad ingresaron a estas poblaciones con tanquetas y vehículos militares de asalto, lo cual generó pánico entre los pobladores.

El mandatario justificó que el Estado de sitio es para evitar que la anarquía se apodere en los departamentos de Jalapa y Santa Rosa.

“No podemos permitir hechos delictivos que llevan a la anarquía y a la violación de los derechos humanos de la mayoría de ciudadanos de esa región y los hechos ilegales contra las fuerzas de seguridad llegando hasta el asesinato”, advirtió.

A la par de la medida, Pérez Molina anunció que se ha establecido una mesa de negociación con participación de ministros de Estado y jefes religiosos de Jalapa y Santa Rosa, para buscar una solución a las protestas por la operación de la mina.

El Presidente dijo que pidió al procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, el acompañamiento durante los operativos para que se garantice el respeto de las garantías de la población que no fueron suspendidas.

Esta es la segunda vez que el gobierno de Pérez Molina, quien asumió el poder el 14 de enero de 2012 para un periodo de cuatro años, suspende derechos de los guatemaltecos.

El 1 de mayo de 2012 se decretó el Estado de excepción en el municipio de Santa Cruz Barillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, luego de una violenta protesta desatada por la muerte de un dirigente campesino, supuestamente a manos de agentes de seguridad.

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