Indiscutiblemente la media península fue el último paraíso nacional para vivir tranquilamente, pero esa situación comenzó a desaparecer pues la ola criminal que ha violentado a sudcaliforniana desde mediados de 2014, justo en la parte final de la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor. . . .

Balconeando /  Paraíso perdido

Desgraciadamente la ejecución del periodista Maximino Rodríguez en uno de los principales centros comerciales de La Paz el pasado viernes 14 de abril, esto durante el periodo vacacional de Semana Santa, fue sin duda alguna la ratificación de la violencia criminal que afecta al estado desde hace ya tres años, y fue además la confirmación de la ineficacia de las autoridades para proteger a la población y garantizar el primario derecho a la vida de los ciudadanos.

La muerte dolosa de nuestro amigo y colega Max Rodríguez no es la primera hasta la fecha, ya que desde que la violencia se instaló en Baja California Sur se cuentan centenares de homicidios más; pero su lamentable deceso representó un punto de quiebre en la “interacción” de las autoridades, los criminales y la sociedad, pues Max Rodríguez era periodista y cubría la nota policiaca, y que en últimas fechas en la entidad no se versa sobre otra cosa que no sean ejecuciones entre bandas criminales y enfrentamientos entre éstas.

Su muerte es y deberá ser considerada una disyuntiva en el proceso de deterioro social que la violencia ha impuesto en la media península, ya que hasta ahora los ataques del crimen organizado habían sido contra criminales antagonistas o miembros de corporaciones policíacas, y el atentado contra Max Rodríguez es el segundo directo contra la población civil, pues cabe recordar que en marzo de este año el también reportero policiaco, Julio Omar Gómez, fue atacado en su domicilio de Los Cabos y durante los hechos falleció un escolta que le había asignado la Secretaría de Gobernación.

Lo anterior lo digo sin desestimar las muertes de otros civiles y los heridos que ya han resultado en algunos de los enfrentamientos y ejecuciones, esas que el gobierno considera simplemente como daños “colaterales”.

Y es que hasta julio del año 2014, Baja California Sur era considerada como uno de las mejores entidades del país para vivir en relación con los niveles de crimen y violencia en todos los aspectos, pues se mantuvo hasta ese tiempo en los últimos lugares de incidencia delictiva a nivel nacional, por supuesto incluyendo los homicidios.

En ese tiempo Baja California Sur compartía con Yucatán el primer lugar nacional con menos homicidios, con una cifra de 23 durante el primer semestre de ese año.

Pero si consideramos que para el año del 2015 en la media península había 712 mil 90 sudcalifornianos y que Yucatán tenía 2 millones 97 mil 175 habitantes, indiscutiblemente que el territorio sudcaliforniano era el último paraíso nacional para vivir tranquilamente.

Pero esa situación comenzó a desaparecer pues la ola criminal que ha violentado a la población llegó a mediados del 2014, justo en la parte final de la administración de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor.

Cierto es que la violencia y la barbarie nacional empezó a incrementarse durante la presidencia del panista Felipe Calderón Hinojosa con su infructuosa “guerra contra el narcotráfico”, cuya tendencia a no arrojar resultados favorables se ha mantenido durante la administración priísta de Enrique Peña Nieto.

La diferencia es que durante la dirección de Felipe Calderón Hinojosa la violencia criminal se expandió por regiones, en unas se incrementaba mientras en otras no había, e incluso en algunas otras  aparentemente disminuía; aunque como hemos podido ser testigos en la mayoría de los casos lo que sucedió es que la población se habituó a sobrevivir en medio de la criminalidad, y nuestros gobernantes se afanaron en disfrazar y ocultar las realidades de varios estados del país, incluyendo Baja California Sur.

En cambio bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, esa ola de violencia se ha expandido a todo el territorio nacional. Ya no queda una entidad sin sufrir los estragos de la batalla entre corporaciones policíaco-militares y las bandas de criminales, o entre éstas.

Para darnos una idea de la caída de la seguridad en Baja California Sur tomemos en cuenta los 132 homicidios dolosos cometidos en la entidad de julio de 2011 a junio de 2014, durante los tres años previos al inicio de la espiral de violencia, y consideremos las más de 600 ejecuciones relacionadas al crimen organizado que se estiman en algunos medios de comunicación se han cometido de julio de 2014  hasta la fecha, lapso en el que la entidad ha conquistado varios de los primeros lugares a nivel nacional relacionados con la violencia, como el record histórico de homicidios en 20 años, la mayor tasa de los mismos por mes en repetidas ocasiones o el mayor número de ejecutados en 24 o 48 horas, y muy lamentablemente este tipo de noticias son las que ahora enmarcan a la entidad.

Por eso digo que con el asesinato de Maximino Rodríguez, el primer reportero que es ejecutado en Baja California Sur desde que en 2014 se desató la violencia, que cada vez lesiona más a la sociedad sudcaliforniana, se da paso a una etapa en la que se deberán replantear las acciones de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, pues lo realizado hasta ahora, incluyendo el enorme y aparatoso despliegue de fuerzas castrenses en la entidad no ha amedrentado a los criminales, al contrario, cada vez toman mayor ventaja de un Estado que en materia de seguridad debe ser considerado como fallido.

A este respecto el actual gobernador panista Carlos Mendoza Davis acumula ya una gran deuda con los sudcalifornianos, pues aunque el deterioro de la seguridad en el estado no inició en su administración, tampoco ha podido resolver el problema como prometió lo haría durante su campaña electoral para la gubernatura; además de que en su administración la violencia criminal es ya cometida directamente en contra la sociedad civil. Pero en lo que se pone las pilas, mejor quien esto escribe seguirá Balconeando. . .

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