Tal parece que las trilladas y hasta conspicuas denuncias en contra de Esthela de Jesús Ponce Beltrán no se las cree nadie

Balconeando / Mitómano consuetudinario

Tal parece que las trilladas y hasta conspicuas denuncias en contra de Esthela de Jesús Ponce Beltrán no se las cree nadie, pues parece que la célebre Auditoría Forense no ha sido más que un mero tema político, quizá para justificar en algo la ineptitud mostrada por parte de Armando Martínez Vega, quien rumbo a dos años de haber asumido el poder en la capital del estado no ha podido mostrar ser capaz de trabajar en bien del pueblo paceño.

Y lo digo, porque como se recordará, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer el 5 de mayo del año 2016 que el Ayuntamiento de La Paz, representado por la síndica Rosa Evelia Solario Ramírez, interpuso cuatro denuncias en contra de la ex alcaldesa y ahora diputada federal.

Según la Procuraduría, el Agente del Ministerio Público que tomó el caso se comprometió a realizar una investigación en estricto cumplimiento al marco legal para deslindar responsabilidades en contra de quien o quienes resultaran responsables, y explicó que los delitos que están contemplados en las denuncias presentadas eran por Peculado, Ejercicio Indebido del Servicio Público, Abandono del Servicio, Coalición de Servidores Públicos, Ejercicio Abusivo de Funciones y Promoción de Conductas Ilícitas.

La entrega de la documentación que hizo Rosa Evelia Solario Ramírez ante la autoridad judicial, y en donde supuestamente se acreditaban dichos actos ilegales, se dieron después de los resultados que arrojó la  tristemente célebre Auditoría Forense que fue ordenada por el actual Cabildo de La Paz y el mitómano consuetudinario de Armando Martínez Vega, en la que se advirtió el desvío de  mil 412 millones de pesos.

Estas denuncias correspondieron por la probable desafección de recursos de los expedientes relacionados con el Fondo de Ahorro, Proyecto de Fuente Danzante y la rehabilitación de las fachadas del Centro Histórico, el Mercado de Productores y diversas compras y pagos a la proveedora Silvia Aguilar Baltazar.

Pero ahí no para la cosa, pues al mediodía del 15 de julio del 2016 el actual Ayuntamiento de La Paz, a través del todavía secretario general, Isidro Ibarra Morales, presentó otras denuncias pero ahora ante la Delegación de la Procuraduría General de la República en Baja California Sur, siendo estas ocho en total en contra de la misma ex alcaldesa y hoy diputada federal, Esthela de Jesús Ponce Beltrán.

Ese día, durante la entrega de las denuncias, Santiago Leal Amador, director jurídico del Ayuntamiento, indicó que estas se daban -las ocho denuncias- por no comprobarse cerca de 70 millones de pesos de recursos federales, y que una vez que se realizó la tristemente célebre Auditoría Forense salieron a relucir los nombres del ex Secretario General, Guillermo Beltrán Rochín, del ex Tesorero, Rosendo Castro y del ex Síndico, Francisco Moreno Soria.

Todos ellos junto con la ex alcaldesa y hoy diputada federal, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, fueron señalados en las ocho denuncias por igual número de hechos y por un monto aproximado a los 70 millones de pesos, más lo acumulado en las cuatro denuncias que ya se habían presentaron en la Fiscalía del Estado, haciendo un total aproximadamente a los 104 millones de pesos más no encontrados.

Pero ahora las cosas cambian de matiz, pues tanto los funcionarios como la ex alcaldesa de La Paz y hoy diputada federal, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, serán investigados por la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Ciudad de México, todo ello luego de que la PGR en Baja California Sur se declaró incompetente para investigar las supuestas irregularidades en que incurrieron cuando estuvieron estos repudiados personajes al frente del XIV Ayuntamiento de La Paz.

Y es que ante la especulación que se ha venido gestando en algunos medios de comunicación locales, la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparos, informó que el pasado 3 de febrero de este año se acusó de recibido por parte del XV Ayuntamiento de La Paz un oficio de respuesta a la solicitud de información con respecto al estatus actualizado que mantienen las diversas carpetas de investigación en contra de ex servidores públicos de la pasada administración.

Así fue que se determinó la incompetencia en razón de la materia, y las indagatorias fueron remitidas entonces a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Ciudad de México, a fin de que se realicen las investigaciones pertinentes y se proceda conforme a Derecho.

Por eso al inicio de este espacio se marcaba que tal parece que las famosas y muy trilladas denuncias en contra de la ex alcaldesa de La Paz y hoy diputada federal, Esthela de Jesús Ponce Beltrán, no se las cree nadie, pues tal parece y nos deja en claro que este asunto es más una trama de corte político que otra cosa, quizá para justificar la ineptitud mostrada por parte de Armando Martínez Vega, quien a casi dos años de haber asumido el poder en el municipio no ha podido demostrar que es capaz de trabajar en bien del pueblo paceño.

¿Le echará el guante de una vez por todas la PGR a la ex alcaldesa de La Paz y hoy diputada federal, Esthela de Jesús Ponce Beltrán? ¿Se podrán recuperar los muchos millones de pesos que supuestamente se desviaron y que se dice detecto la trillada y tristemente célebre Auditoria Forense que ordenó aplicar el conocido mitómano consuetudinario de Armando Martínez Vega?

La verdad, no lo sé, mejor mientras algo sucede al respecto quien esto escribe seguirá Balconeando. . .

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