A pesar de que la SCJN lo prohibió, Armida Castro bloqueó a reportero de su cuenta en redes.

No me simpatizas

Los Cabos, Baja California Sur.- A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que los servidores públicos que tienen cuentas en redes sociales en las que difunden sus actividades oficiales no pueden bloquear a los ciudadanos, la alcaldesa cabeña “bloqueó” al reportero de Peninsular Digital en su cuenta de Twitter.

Producto de las críticas que realiza este medio de comunicación a los diversos gobiernos de la media península, específicamente en el municipio de Los Cabos, la edil cabeña decidió “bloquear” al reportero de la fuente Christian Zarazúa para evitar pueda dar seguimiento y cobertura de la información que realiza Castro Guzmán.

Esta no es la primera vez que sucede, que después de haber avalado que los servidores públicos no pueden bloquear en redes sociales a los ciudadanos (2018), un funcionario público bloquea a un periodista; eso ya ocurrió en el estado de Veracruz, siendo Miguel Ángel León Carmona, el periodista bloqueado en Twitter por el fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler para que no pueda acceder a la información que ahí pública.

Ante tal hecho, la Suprema Corte concedió el amparo al periodista, ya que el bloqueo que dio el funcionario público, “implicó una restricción indebida al derecho de información del periodista.”

“Existen comportamientos abusivos que pueden justificar un bloqueo por parte de los servidores públicos en redes sociales como: amenazas a la integridad del funcionario (dueño de la cuenta); pero, los comentarios o críticas severas no pueden ser considerados como comportamientos abusivos”  declaró en ese entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En aquella ocasión durante el mes de junio del año 2019, durante la sesión de la Segunda Sala de la Corte los ministros, Eduardo Medina Mora estableció que cuando un servidor público con cuentas en redes sociales bloquea a otros usuarios alegando el derecho a la intimidad  “atenta con los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de los ciudadanos.”

Por ello, desde septiembre del año 2018, los funcionarios públicos ya no podrán bloquear a los usuarios en redes sociales y deberán desbloquear a quienes ya no pueden ver los mensajes publicados en las plataformas sociales, de acuerdo con el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITAI).

El organismo pide así “dar acceso a información derivada del servidor, pues, pese a que las cuentas sean consideradas »personales», reflejan información derivada de su labor.”

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