Adelanta el Jurídico del Ayuntamiento paceño

Van por el desafuero de Esthela Ponce

La Paz, Baja California Sur.-  «Más allá de un simple desorden administrativo, hay responsabilidad de orden penal al haber ejercido recursos federales en objetos que no eran los que estaban destinados y que no se construyeron las obras, y el recurso no se encuentra en ninguna parte», aseguró el Jurídico del Ayuntamiento

El director de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Leal Amador, declaró que sí se puede ejercer acción penal en contra de la expresidenta municipal, Esthela Ponce Beltrán, aun siendo diputada federal, pues la Procuraduría General de la República (PGR) puede solicitarle a la Cámara de Diputados su desafuero, en caso de que encuentren elementos para integrar la averiguación previa.

“El procedimiento ya está regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por tratarse de una Diputada Federal en este momento, el procedimiento sería que la PGR solicite a la Cámara de Diputados su desafuero, en caso de la que Procuraduría General de la República encuentre elementos para integrar la averiguación previa y ejercer acción penal en su contra, y la PGR tendría que poner a disposición de la Cámara de Diputados los elementos con los que cuente para que la Cámara de Diputados dictamine si va a proceder en contra de la hoy diputada, Esthela Ponce Beltrán o no.

“Una vez que el Congreso de la Unión se pronuncie, la PGR podría estar ejercitando acción penal, eso sería lo que marca la legislación en relación al procedimiento para procesar a un diputado en funciones”, añadió el jurisconsulto.

El mismo Amador Leal aseguró que la denuncia sí procederá, y no nada más porque hubo irregularidades administrativas, sino porque no se ejerció un recurso federal en lo que estaba destinado desde un principio, además de que el dinero no está por ninguna parte. Por otro lado, considera que aunque no hubiera un desafuero, sí hay elementos para procesar a Ponce Beltrán y a otros ex servidores públicos de la anterior administración municipal.

“Sí procede la denuncia, es evidente que más allá de un simple desorden administrativo, hay responsabilidad de orden penal al haber ejercido recursos federales en objetos que no eran los que estaban destinados y que no se construyeron las obras, y el recurso no se encuentra en ninguna parte, pero consideramos que independientemente del proceso de desafuero, sí hay elementos para procesarla penalmente, no solamente es ella, es un grupo importante de ex servidores públicos y en algunos de esos casos no requiere dictamen del Congreso de procedencia”, acotó Amador Leal.

Por último, el Director de la Consejería Jurídica comentó que para la Auditoría Superior de la Federación debe de ser fácil resolver si en su momento los recursos de los programas llegaron a su destino o no, si se ejerció o no y en dónde terminaron, esto para determinar si sólo fue un desorden administrativo.

Sentenció que “de acuerdo a la normatividad que tiene la Auditoría Superior de la Federación, y a las reglas de operación de cada programa federal, y yéndonos más específico a los convenios que establecieron en su momento esas autoridades, creo que es un ejercicio muy ágil el saber si llegaron los recursos, en qué los gastaron y en dónde terminaron, es una situación de orden nada más, ver si se cumplió la normatividad, y bueno, ya será la PGR quien determine si fue un desorden administrativo que, inclusive, es un delito en sí, el no haber ejercido el recurso para el objeto para el cual estaban destinados o hay más de fondo”.

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