Se manifestaron trabajadores de la constructora de carreteras “Crizol” ante Conciliación y Arbitraje
Trabajadores de la empresa constructora de carreteras “Crizol”, se manifestaron el día de ayer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur, exigiendo que su caso se dirima con “ética, justicia y verdad”, luego de que una pugna entre hermanos, socios propietarios de la empresa, dejara sin salario a cerca de trescientas familias.
Trabajadores de la empresa constructora de carreteras “Crizol”, se manifestaron el día de ayer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur, exigiendo que su caso se dirima con “ética, justicia y verdad”, luego de que una pugna entre hermanos, socios propietarios de la empresa, dejara sin salario a cerca de trescientas familias.

Trabajadores de la empresa constructora de carreteras “Crizol”, se manifestaron el día de ayer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California Sur, exigiendo que su caso se dirima con “ética, justicia y verdad”, luego de que una pugna entre hermanos, socios propietarios de la empresa, dejara sin salario a cerca de trescientas familias.

El pleito es por tres millones de pesos, explicó Alfonso Antonio Jaime Zelaya, uno de los hermanos socios, quien aseguró que su hermano mayor y su hermano menor Luis Lorenzo Jaime Zelaya y Héctor Alejando Jaime Zelaya, respectivamente, socios propietarios del 40% del Crizol, buscan embargar las cuentas de la empresa para obtener un pago de anticipo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la construcción de carreteras en Ojo de liebre, Santa Rosalía y Mulegé, dinero que es de los trabajadores, precisó.

“Nos quieren embargar las cuentas de las estimaciones, que no es dinero de la empresa”, dijo, evidenciando que al ser socios de la empresa “se están cobrando ellos mismos”. “Nos demandaron y nos quieren cerrar las cuentas de los trabajos que estamos haciendo a la SCT, de las cuentas de los insumos. Son cuentas a cobrar, son estimaciones, no es dinero de nosotros”, comentó Alfonso Antonio.

Insinuó que el origen del disgusto de Luis Lorenzo es el hecho de que le hayan quitado la administración de la empresa, aunque nunca lo echaron ni le quitaron su nómina. Luis Lorenzo, reveló su hermano Alfonso Antonio, “está en la cárcel por fraude”, mas, desde ahí, opera la demanda en contra de sus hermanos y su propia compañía.

Han tratado de negociar con su hermano, ofreciéndole un terreno en el Country Club de Cabo San Lucas, pero se negó, insistiendo en embargar el anticipo que la SCT otorgó.

La Junta de Conciliación y Arbitraje ha informado a los propietarios de la empresa “que van a ver el peritaje otra vez y que van a ver todo otra vez”, mientras que los abogados de Crizol insisten que no se pueden embargar las cuentas, puesto que no se trata de dinero de la empresa, sino de los trabajadores. De ser inevitable, sostuvo Alfonso Antonio, se manifestarán “donde sea necesario”.

Ileana María Enriqueta Zelaya, madre de los hijos, socia y propietaria de la constructora de carreteras, manifestó finalmente que “hay una divergencia en opiniones legales en torno a lo que está ocurriendo y está tomando un giro negativo […] no es justo lo que se está llevando, no es ético, y estamos queriendo eso: ética, justicia y verdad”.

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