Presentan diputados denuncia penal por desvío de recursos en el Congreso

Las pruebas documentales presentadas incluyen las observaciones que hiciera el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Congreso estatal desde el 29 de marzo 

Se estima que el monto del desvío es de 7 millones de pesos (mdp) entre despensas y canastas navideñas arriba de 1.5 mdp,  costos por traslados de poderes que no se realizaron y actividades como un día de reyes que nunca se celebró.
Se estima que el monto del desvío es de 7 millones de pesos (mdp) entre despensas y canastas navideñas arriba de 1.5 mdp, costos por traslados de poderes que no se realizaron y actividades como un día de reyes que nunca se celebró.

Una denuncia de hechos por la presunta administración indebida de recursos al interior del Congreso de Baja California Sur fue presentada ayer ante el Procurador General de Justicia del Estado (PGJE), Karim Martínez Lizárraga, a nombre de los diputados Felipe Prado Bautista (PRI), Humberto Mayoral López (PRI), Adolfo González Agúndez (PAN), Sonia Murillo Macías (PAN) y Jorge Miguel Cota Katzenstein (PANAL).

Las pruebas documentales presentadas incluyen las observaciones que hiciera el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) al Congreso estatal desde el 29 de marzo del presente año, mismas que no pudieron ser explicadas “ante la cerrazón” por parte de los compañeros diputados de la XII legislatura, señaló Cota Katzenstein.

Es por ello que se pretende sea la PGJE la instancia judicial que resuelva quién o quiénes son los responsables resulten por el delito de peculado y administración indebida de recursos.

Por su parte, Martínez Lizárraga señaló que la institución a su cargo analizará los documentos “para saber si reúnen los requisitos de procedibilidad, para posteriormente  resolver conforme a derecho, ya sea dictando el auto correspondiente en el cual se turna a la agencia para atención a delitos de servidores públicos”.

Se estima que el monto del desvío es de 7 millones de pesos (mdp) entre despensas y canastas navideñas arriba de 1.5 mdp,  costos por traslados de poderes que no se realizaron y actividades como un día de reyes que nunca se celebró.

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