Pide la CEDH al Gobernador ejercer su facultad de veto en las modificaciones al Código Penal

Podría provocar abusos la despenalización del exceso de legítima defensa

La Paz, Baja California Sur.-Despenalizar el exceso en legítima defensa podría  provocar abusos y excesos al repeler una agresión, advierte el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Silvestre de la Toba Camacho.

Por ello, el Ombudsman sudcaliforniano envió al ejecutivo del estado un documento solicitándole se haga un análisis sobre el tema “para no crear perjuicios”.

En este documento, de la Toba Camacho pide al gobernador Carlos Mendoza “se haga un análisis a fondo” de las reformas al Código Penal de Baja California Sur respecto a despenalizar el exceso en la legítima defensa aprobado por la XIV Legislatura del Congreso  del Estado, pues para la CEDH “es preocupante que la mencionada reforma sea publicada, promulgada y por consecuencia inicie su vigencia, ya que en primera se contrapone al artículo 17  Constitucional, y en segunda, en los hechos podría provocar abusos y excesos en la reacción producida al repeler una agresión”.

De la Toba Camacho explicó que el exceso en la legítima defensa  ha sido considerado siempre en los códigos punitivos como una conducta antijurídica, por lo que su eliminación traería como consecuencia que no sea posible determinar la necesidad, racionalidad y proporcionalidad de una conducta cuando se  repele una agresión y argumentó que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas épocas ha establecido claramente que “cuando la defensa exceda los limites racionales y adecuados a la agresión, debe sancionarse el daño que se cause”.

El abogado insistió en que “la misma jurisprudencia ha precisado con claridad los elementos que concurren para estar en presencia de exceso en la legítima defensa, a saber: a) cuando no hubo necesidad racional del medio empleado en la defensa y b) cuando el daño que iba a causar el agresor era fácilmente reparable después por medios legales, o era notoriamente de poca importancia comparada con el que causó la defensa”.

Finalmente, de la Toba Camacho recalcó que el organismo defensor de los derechos humanos le solicita al gobernador Carlos Mendoza Davis valore la posibilidad, “a la luz de esta y otras opiniones de expertos en el tema”, de ejercer la facultad de veto prevista en el artículo 60 de la carta magna del estado, por ser éste un  mecanismo de control constitucional parlamentario que busca corregir los desaciertos  cometidos al aprobar una norma  que es contraria al orden jurídico establecido.

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