Opera en la ilegalidad el desarrollo “Paraíso del Mar” del Mogote denuncian ambientalistas
El proyecto promovido por la empresa Desarrollos Punta La Paz, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, planteaba la urbanización de 504 hectáreas con 2 mil 50 cuartos hoteleros, más de 4 mil viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior con capacidad para 535 embarcaciones, todo en la barra arenosa conocida como ‘el Mogote’, frente al malecón costero de la ciudad de La Paz.
El proyecto promovido por la empresa Desarrollos Punta La Paz, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, planteaba la urbanización de 504 hectáreas con 2 mil 50 cuartos hoteleros, más de 4 mil viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior con capacidad para 535 embarcaciones, todo en la barra arenosa conocida como ‘el Mogote’, frente al malecón costero de la ciudad de La Paz.

El empresario Luis Cano, representante de “Desarrollos Punta La Paz”, ha asegurado en diversas ocasiones que el desarrollo turístico “Paraíso del Mar”, ubicado en El Mogote, “está dentro de la legalidad operando”, sin embargo, a lo largo de los meses, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) continúa demostrando lo contrario. Ahora la Asociación Civil ambientalista señala que el desarrollo “actualmente opera en la ilegalidad, al no contar con autorización en materia de impacto ambiental desde el 2010”.

La causa, indica Mario Sánchez, abogado del CEMDA en su oficina noroeste, son “las reiteradas omisiones de acción por parte de la Dirección General de Impacto Ambiental, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en Baja California Sur”.

El proyecto promovido por la empresa Desarrollos Punta La Paz, Sociedad de Recursos Limitados de Capital Variable, planteaba la urbanización de 504 hectáreas con 2 mil 50 cuartos hoteleros, más de 4 mil viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y una marina exterior con capacidad para 535 embarcaciones, todo en la barra arenosa conocida como ‘el Mogote’, frente al malecón costero de la ciudad de La Paz.

“En agosto de 2010”, explica el abogado de CEMDA a través de un comunicado, “el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió que la autorización ambiental del complejo turístico es ilegal, obligando a que la SEMARNAT emitiera un nuevo dictamen que retome los puntos de la sentencia del Tribunal Federal, entre ellos, el hecho de que el proyecto se realiza en una zona forestal vedada y que en su operación transgrede lo previsto por las normas NOM-022-SEMARNAT-2003 y NOM-059-SEMARNAT-2011, al establecerse sobre ecosistema de manglar y con la falta de valoración de afectación a especies marinas. Sin embargo, desde que surtió efectos la sentencia, y pese a que se interpusieron denuncias populares ante la PROFEPA, respecto a la inexistencia de autorización, esta dependencia sólo procedió a preguntar a la SEMARNAT sobre la vigencia de la recién nulificada resolución, a lo que la DGIRA respondió que era válida por el solo hecho de que la empresa promovente interpuso un juicio de amparo”.

«Desde el principio se le recordó a la PROFEPA, incluida su dirección jurídica, que, en el juicio de amparo, presentar la demanda no otorga una suspensión automática. Es decir, éste sólo se otorga por causales de seguridad personal o garantías individuales. En el caso del medio ambiente puesto que es de interés público no se dan suspensiones» expuso Mario Sánchez.

En el mismo tono, el abogado señala que “la empresa promovente ha visto desmoronarse tanto su proyecto como su defensa legal debido a que sus demandas en contra de la nulidad de su autorización han sido declaradas inválidas, así como la petición de que la sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se suspenda. El actuar de la Dirección General de Impacto Ambiental en los expedientes de denuncia popular ha sido la de defender la legalidad de un acto administrativo que ya no existe”.

«La Delegación de la PROFEPA en Baja California Sur no ha hecho uso de sus facultades en los procesos de Paraíso del Mar, simplemente ha esperado a una orden de la DGIRA que no llegará. La omisión de la PROFEPA para actuar ha ocasionado que paraíso del Mar lleve dos años construyéndose sin autorización», finaliza el comunicado.

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