El Ejido Cabo San Lucas es consciente de que los terrenos que vende no son de su propiedad.

La mafia agraria V: la transa ejidal

Los Cabos, Baja  California Sur.- Después de una minuciosa revisión de la documentación que nos ha aportado el Sr. Gerardo Montaño respecto a sus documentos de la propiedad y las actuaciones del Ejido Cabo San Lucas, queda reflejado claramente el fraude realizado por el Ejido, y la complicidad del Instituto de Vivienda (INVI) en esta vergonzosa operación.

El Ejido Cabo San Lucas es consciente de que los terrenos que vende no son de su propiedad, pues desde la creación del Ejido fueron separados del patrimonio ejidal, y así lo cita expresamente el decreto publicado por el entonces Gobernador del Territorio de Baja California Sur, con fecha treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve, publicado en el Boletín Oficial del Estado. “Se vino a conocimiento que los CC. Arturo Montaño tiene en explotación 338-53-72 hectáreas que deben respetarse” ¿Más claro?.

Aunque los terrenos se encuentran rodeados por propiedades del Ejido, está claro que siempre fueron, desde su compra, de la familia Montaño. No obstante, mañosamente y con el fin de confundir, el abogado del ejido y ex-funcionario de la Procuraduría (inhabilitado y amonestado por la Función Pública) Héctor Essaú González Arvizu CAMBIA el nombre de Gerardo Montaño por el de Enrique Salinas Treviño para crear confusión y retrasar el conocimiento de la verdad. El Ejido se apodera de un terreno que no es de su propiedad y, con pleno conocimiento de causa lo vende parcialmente, ocultando las pruebas que muestran su fechoría. Para lo anterior, tuvo que contar con la “anuencia” del entonces encargado de Castastro y viejo conocido de este medio por sus irregularidades, Rigoberto Cuervo. ¿De a cómo?. Sepa.

El Ejido Cabo San Lucas, para seguir con sus tropelías de ventas irregulares de terrenos sin servicios, ha encontrado la socia perfecta en Rosalva Cuadras López, directora del Instituto de Vivienda de Baja California Sur, INVI. Los ejidatarios Carlos Peralta Avilés, José Manuel Márquez González y José Manuel Güereña Castillo, acompañados de sus respectivas esposas, “donan gratuitamente” una parcela de terreno con una superficie de 171 hectáreas (parte del terreno del Sr. Montaño) al Instituto de Vivienda INVI con valor superior a los trescientos millones de pesos y, sin embargo, los ejidatarios siguen vendiendo el terreno en lotes. ¿Fraude?, ¿evasión fiscal?,  ¿lavado de dinero?, ¿todas a la vez?.

¿Cómo es posible que un funcionario inhabilitado y amonestado por haber defraudado a un ejido (Ejido Ley Federal de Aguas 5, en Comondú), como es el caso de Héctor Essaú González Arvizu, que maneja títulos falsos, siga representando a otro ejido?. Seguiremos investigando y preguntando.

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