Por lo menos en lo que respecta a la investigación del Congreso Estatal

En “stand by” el caso del juez que otorgó fianza a Narciso
Jisela Paes Martínez
No hay ningún conflicto entre los tres poderes del Estado ni se actúa privilegiando temas políticos, simplemente se cumple con la ley, asegura la diputada Jisela Paes Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, al referirse al caso del juez Sergio Aguilar Navarro.

La Paz, Baja California Sur.- No hay ningún conflicto entre los tres poderes del Estado ni se actúa privilegiando temas políticos, simplemente se cumple con la ley, asegura la diputada Jisela Paes Martínez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, al referirse al caso del juez Sergio Aguilar Navarro, a quien se le podría iniciar un Juicio de Procedencia luego de que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) presentara un recurso de impugnación contra la resolución que dictaminó a favor del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, imponiéndole una fianza de 31 mil pesos cuando fue acusado por el Estado de cometer el delito de peculado, entre al menos otros cuatro, por el orden de los 50 millones de pesos, y se iniciara la averiguación previa LPZ/024/SPB/2013, ante el Ministerio Público de Servidores Públicos.

“La Comisión de Puntos Constitucionales únicamente analiza, se allega de documentación que es proporcionada por el Poder Judicial, donde nosotros estamos haciendo una investigación respecto a si el funcionario es de los que tienen inmunidad constitucional de la que se conoce comúnmente como fuero, y si la conducta que se le atribuye al funcionario es una conducta constitutiva como delito, sin analizar si se cometió por el funcionario o no, porque ello ya entraría a prejuzgar, y no le corresponde a la Comisión de Puntos Constitucionales hacerlo […] Lo vemos nosotros como un asunto eminentemente jurídico y así lo hemos atendido, tendrá sus implicaciones políticas, pero nosotros tenemos que ver la implicación jurídica, que es lo que nos corresponde al Congreso”.

Hasta el momento, señala Paes Martínez, el caso “se determina dejarlo todavía en stand by”.

El 25 de mayo de 2012 ingresó al Centro de Reinserción Social (CERESO) Agúndez Montaño, y el juez Aguilar Navarro, hoy radicado en Loreto, señaló que había inconsistencias administrativas de parte de la PGJE al momento de presentar el caso en su contra, lo que le valió la libertad meses después. En agosto de 2013, Wilfrido Santiesteban González, abogado del juez, dijo a la prensa nacional que de ser su cliente destituido del cargo, “se estaría cometiendo una grave injusticia y se estaría violentando la autonomía judicial de los encargados de administrar justicia y, con esto por ende, faltando a los principios rectores de nuestra Carta Magna”.

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