El arraigo “es eficiente y necesario” insiste el Procurador de Justicia
Casa de arraigo de la PGJE BCS
Aunque Gamil Arreola Leal, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado aceptó que el arraigo viola una serie de derechos humanos, opinó que al vivir en una sociedad se debe procurar el bienestar general, agregando que “hay que pensar en el interés colectivo, en el bienestar social”.

La Paz, Baja California Sur.- “La procuraduría no está en contra o empecinada en que deba de permanecer la figura del arraigo, pero desproveer al procedimiento penal, no tanto al Ministerio Público, sino al procedimiento penal, de un instrumento idóneo sin dar otra herramienta o dar una opción diferente, una alternativa, sino simplemente, lisa y llanamente, eliminar el arraigo, creo que no es lo más conveniente para Baja California Sur en estos momentos”, comentó Gamil Abelardo Arreola Leal, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ante la posible desaparición de esta figura cautelar este martes 28 de mayo en el Congreso del Estado.

Aunque aceptó que el arraigo viola una serie de derechos humanos, opinó que al vivir en una sociedad se debe procurar el bienestar general, agregando que “hay que pensar en el interés colectivo, en el bienestar social”.

Arreola Leal recordó que en Baja California Sur (BCS) el arraigo es de de 30 días, cuando a nivel federal es de 40, luego de una reducción prevista hace aproximadamente un mes, pues se contemplaban 80 días. Asimismo, adelantó que el nuevo código procesal penal ya no prevé la figura del arraigo, pero entrará en vigor hasta 2014, lo que dejaría un año de incertidumbre en la procuración de justicia en caso de erradicarse esta medida de tajo.

La figura es eficiente y necesaria, dijo, por lo que hay que verla desde dos puntos de vista, el legal y el operativo, siendo este segundo el cual ha causado realmente problemas. En este sentido, aseguró que la PGJE da cumplimiento a recomendaciones y observaciones emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), pues la corporación no está en la búsqueda de atropellar los derechos del ciudadano, sostuvo.

Finalmente, opinó que el estado no merece un enfrentamiento entre instituciones, en este caso la procuraduría y el Congreso del Estado, por lo que llama a los funcionarios de todos los órdenes a actuar de manera responsable, con mesura y objetividad, anteponiendo las necesidades de la sociedad a sus intereses personales.

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