Con la fuerza pública intentan desalojar a comerciantes de Camino Real
Comerciantes camino real
Ismael Eder Barraza Anguiano, comerciante del lugar, recuerda que la primera vez que los policías llegaron con el fin de quitarlos lo hicieron asegurando “que la orden venía de arriba y por parte de Martha de la Peña”.

La Paz, Baja California Sur.- Comerciantes ubicados en uno de los vados de la colonia Camino Real se han visto amedrentados por la Policía Municipal, amenazados por la Dirección de Inspección Fiscal del Ayuntamiento de La Paz y rechazados sin oportunidad por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología. Los conflictos iniciaron hace más de quince días, luego de que el Ayuntamiento suspendiera el cobro semanal que realizaba a los comerciantes por un lapso de dos meses aproximadamente, reiterándoles que se encontraban legalmente instalados, para después, de un día para otro, tratar de echarlos del sitio a través de la fuerza pública.

Son alrededor de diez familias las que dependen de vender sus productos en este arroyo, que van desde ropa y accesorios, hasta pescado, camarón y otros productos alimenticios, contando con una concesión otorgada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). La Dirección de Inspección Fiscal ha girado citatorios personalizados a cada comerciante pero nunca los han atendido. Las familias consideran “inhumano” el trato del Ayuntamiento paceño, pues además de prohibirles trabajar para subsistir los atacan con policías, abonando a la preocupación de las familias y creando una mala imagen alrededor de estos negocios.

Ismael Eder Barraza Anguiano, comerciante del lugar, recuerda que la primera vez que los policías llegaron con el fin de quitarlos lo hicieron asegurando “que la orden venía de arriba y por parte de Martha de la Peña”.

“El día de hoy [26 de julio] yo recibí una llamada por parte de la señora Martha de la Peña [directora de Inspección Fiscal] diciéndome de que le tenía que firmar un documento en el cual yo aceptaba retirarme voluntariamente de aquí y nada más me autorizaba quince días, si yo no cumplía con esa firma de ese documento, ella inmediatamente mandaba a la policía municipal para volvernos a negar el derecho de trabajar, lo que yo siento como una amenaza de su parte.”

Lo mismo narra Antonio Tamayo López, vendedor de mariscos, a quien han amenazado tácitamente con arrestarlo por instalarse en su zona de trabajo:

“El comandante Benjamín ya me había dicho que la señora Martha de la Peña nos estaba esperando allá para ir a dialogar con ella y cuando fuimos en el municipio en ningún momento se dieron por enterado de todo esto que ellos mismos estaban ocasionando. Al siguiente día el señor comandante Benjamín ya tenía cerrado aquí con conos y todo eso y yo me metí y se enojaron porque nos metimos, que porque no teníamos por qué violar un artículo que según ellos era una violación el brincar los conos que pusieron para irnos pa’ca pal terreno federal, entonces el comandante me dijo: ‘tengo la autorización de que no trabajen aquí y ya estuvo bueno, y ahí de ti si me bajas un tubo de tu carro, te voy a llevar arrestado’. Yo le comenté al comandante y le dije: ‘señor, si me has de arrestar por sacar un taco pa’ mis hijos, arrésteme”.

Asimismo, el señor Tamayo López se refirió a Tito Guillermo Fenech Cardoza, director de Desarrollo Urbano y Ecología, de quien, dice, han recibido un despótico trato:

“Por qué el ingeniero Tito Fenech nos asegura con certeza de que hágamos lo que hágamos (sic) no nos va a dar ni nos va a ayudar él en lo que a él le corresponde. Él dice que no hay permisos pa’ nada y que no podemos estar aquí téngamos concesión o no téngamos (sic) concesión y se haga lo que se haga”.

Rafael Hernández Torres, otro vendedor de mariscos en el arroyo, explica que incluso los han amenazado con confiscarle sus productos, siendo que para él “esa es la única manera de poder vivir”, pues gracias a su negocio mantiene con dificultades a siete pequeños.

Así, los comerciantes hicieron un desesperado llamado a la alcaldesa Esthela de Jesús Ponce Beltrán y al gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor; a la primera para que voltee sus ojos a lo que hacen sus funcionarios, y al segundo para que ofrezca un espaldarazo a esta familias.

“Nosotros hacemos un llamado a la mayor autoridad municipal, que es la señora presidenta Esthela Ponce, de que tenga cuidado de estas personas, en este caso Martha de la Peña, que tenga cuidado, que no puede estar jugando con nosotros, hemos ido en varias ocasiones y nunca nos quiere recibir. Y pues también hacerle un llamado al señor gobernador, que de alguna manera nos tome en cuenta y vea la manera de hacer una plática para ver si se puede llegar a un arreglo en este caso”.

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