Es la exigencia del Comisariado Ejidal ante una serie de irregularidades en el tiradero a cielo abierto

Que clausuren el basurero de Migriño

San José del Cabo, Baja California Sur.-  Luego de denunciar una serie de irregularidades en el basurero de Migriño, Pascual Alvarez, comisariado Ejidal de la Candelaria exigió que dicho tiradero sea “clausurado inmediatamente y sometido al proceso de saneamiento que marca la ley”.

En una carta abierta dirigida al Alcalde de Los Cabos, el ejidatario aclara, primeramente que dicho tiradero a cielo abierto “tiene problemas de titularidad jurídica, toda vez que no es, ni propiedad del municipio, ni se han cumplido los extremos de los convenios verbales y escritos realizados con el municipio de Los Cabos y con la participación de autoridades agrarias federales”.

Asimismo, el mencionado depósito de residuos al aire libre “viola flagrantemente la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, así como sus reglamentos, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente del Estado de B.C.S., la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Salud Federal y la Estatal”, además de la normatividad en materia de Protección Civil al encontrarse en permanente riesgo de incendios, como los que han registrado en los últimos meses.

Pascual Alvarez aparte de denunciar irregularidades en materia jurídica, de sanidad, y protección civil añade las violaciones a la Ley Federal de Trabajo y el Convenio de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo “con respecto a las decenas de familias que viven y trabajan en ese depósito y en particular en lo que se refiere a las mujeres y menores de edad”.

“El basurero ha afectado también ya gravemente la salud edafológica, vegetal, faunística y freática, toda vez que al no haberse cumplido estrictamente con los protocolos de la Norma 083 y 052 los lixiviados han causado un daño permanente y llegan por gravedad superficial y subterránea al propio lecho marino en las temporadas meteorológicas de alta precipitación pluvial o de corrientes eólicas fuertes que esparcen indiscriminadamente los residuos en tierra, agua y mar”, añadió el comisariado Ejidal de La Candelaria.

Alvarez continúa en la misiva señalando hechos como la generación de fauna nociva, la existencia de bodegas ilegales o centros de depósito donde se realizan operaciones sin control fiscal,  comercio informal de comida, bebidas y otras sustancias a plena luz del día en el tiradero así como inexistentes controles por parte de las instancias de salud sobre los miles de llantas “en las que se acumulan por meses los residuos hídricos de temporadas de lluvias y que incuban toda clase de moscos y de otros insectos patógenos”.

Finalmente manifiesta su preocupación por que se esté realizando por parte del ayuntamiento “la extracción de tierra y arena en un hoyanco que pretende ser una nueva celda sin protección alguna ni característica técnica y sanitaria que marcan la NOM 083 y las Leyes de Obras Públicas Locales. Es decir, se está haciendo deliberadamente algo ilegal y antiecológico que agudiza notablemente el grave problema sanitario y ambiental que ya existe. Es absurdo querer prolongar la vida “útil” de algo que está causando graves daños al suelo, al aire, a las aguas subterráneas y superficiales cuando las hay, a la flora y a la fauna y a los residentes permanentes en condiciones inaceptables de vivienda y promiscuidad, pero sobre todo de salud de los niños y de los animales domésticos entre los que se hallan gallinas, perros, burros y cerdos”.

Ante todo lo anterior señalado,  Alvarez advierte que “al C. Presidente Municipal y al C. Director de Servicios Públicos, al igual que al propio Comisariado ejidal de la Candelaria se les fincarían responsabilidades penales, ambientales, administrativa, fiscales, laborales, y de derechos humanos por el agresivo incumplimiento de la legislación y los principios éticos mínimos de la administración pública” por lo que insiste que dicho basurero debe ser “clausurado inmediatamente y sometido al proceso de saneamiento que marca la ley” y “otorgar una indemnización importante por las autoridades locales por el daño que han causado por su incumplimiento legal durante estas décadas que han llegado a su punto más grave y agresivo, debido a la acumulación de este año de residuos peligrosos, metales pesados y en particular desechos electrónicos”.

El Comisariado hizo notar su obligación de “dar parte de estos hechos graves a la federación, al Gobierno del Estado, a las autoridades municipales y a los organismos internacionales en virtud de los convenios suscritos por nuestro país a los que se refiere el artículo 133 de la Constitución General de la República”.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments