Acabará la modificación al artículo 27 con la simulación y el coyotaje
Ricardo Barroso
“El fideicomiso ha sido una mascarada y una herramienta para coyotes que se han venido beneficiando y abusando de la buena voluntad de extranjeros que quieren venir a nuestro estado y a México”, señaló Ricardo Barroso.

La Paz, Baja California Sur.- El Senador sudcaliforniano Ricardo Barroso Agramont se dijo a favor de modificar el artículo 27 constitucional y expresó que en su perspectiva la compra de terrenos a través de fideicomisos es más dañina para la soberanía nacional mientras que su modificación no representaría una amenaza para la seguridad territorial del país.

“Creo que esta reforma viene de una buena vez a acabar con la simulación y el coyotaje, a generar inversión y regularizar lo que se ha venido maquillando” expresó quien preside la Comisión de Marina en el Senado.

“El fideicomiso ha sido una mascarada y una herramienta para coyotes que se han venido beneficiando y abusando de la buena voluntad de extranjeros que quieren venir a nuestro estado y a México”.

“Está contemplada una correcta administración o la venta de bienes raíces” dijo, y consideró que el Senado de la República no dejaría pasar esta iniciativa sin hacer las modificaciones que se consideren necesarias.

La reforma al artículo 27 recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados será, en breve analizada en el nuevo edificio de Reforma.

La modificación pretende apertura del candado constitucional que impedía la compra directa de terrenos en territorio costero y fronterizo, siempre  y cuando sea para fines de vivienda.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Relaciones exteriores, sólo en sexenio pasado (2006-20012) la Secretaría de Relaciones Internacionales otorgó un total de 22 mil 235 permisos para la constitución de fideicomisos bancarios que permiten a extranjeros adquirir y aprovechar bienes inmuebles ubicados en zonas restringidas.

De acuerdo con profesionales del sector inmobiliario cada uno de estos fideicomisos cobra al menos 3 mil dólares al año (por un terreno o casa habitación convencional) por el manejo de estos mecanismos legales que, además impiden conocer la identidad de los verdaderos dueños de tierras en el país.

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