Va el PAN por una reforma financiera
Alfredo Zamora García
Alfredo Zamora García opina que se debe facultar al Congreso de la Unión para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, así como establecer bases generales de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, incluyendo límites y modalidades en los que éstos podrán afectar sus participaciones.

La Paz, Baja California Sur.- México necesita una reforma constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y los municipios, por lo que la fracción del Partido Acción Nacional (PAN) votará a favor de modificar en este sentido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, adelanta el diputado federal Alfredo Zamora García.

El legislador opina que se debe facultar al Congreso de la Unión para dar bases sobre las cuales el ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, así como establecer bases generales de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, incluyendo límites y modalidades en los que éstos podrán afectar sus participaciones.

De aprobarse esta reforma, serán los diputados federales quienes obliguen a estados y municipios a inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único y manejar un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda

No obstante, dentro de los tantos cambios y las diversas facultades que el PAN propone otorgar al Congreso de la Unión a través de esta reforma, se encuentran dos propuestas fundamentales, que es donde Zamora García es más enfático:

Una, que los servidores públicos que desempeñen empleo, cargo o comisión en los estados y en los municipios sean responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública, de manera que no hereden responsabilidades financieras o económicas a administraciones venideras; y dos, que en ningún caso se podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente, logrando además que legislaturas locales autoricen montos máximos para contratar empréstitos y obligaciones, mismas que deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del gobierno correspondiente, cuando se traten de obligaciones a corto plazo.

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