Motivados por el afán de acumular riquezas, muchos empresarios en nuestra geografía tropical promueven proyectos inmobiliarios, hoteleros, o comerciales pasando por encima de cualquier ordenamiento legal, ambiental o social. Simple y llanamente atropellan a la comunidad e impunemente se salen con la suya.
Esto es así desde que se ha estado generando el boom de Los Cabos, cuando menos los últimos treinta años.
Las funestas consecuencias de esta oprobiosa situación las padecemos cada día con la pérdida de importantes activos ecológicos como son el humedal de Cabo San Lucas, en la playa de El Médano, junto al hotel Villa del Palmar, y devastado totalmente con la construcción de dicho hotel, la desaparición de buena parte de la duna cortesía del hotel Meliá en esa misma playa.
En San José del Cabo, la construcción de la marina de Puerto Los Cabos, provocó literalmente la desaparición de La Playita en el poblado del mismo nombre, al provocarse cambios en las corrientes marítimas. En esa misma zona el estero josefino, área natural protegida, padece los efectos de la presión que ejercen sobre él, los diferentes desarrollos hoteleros colindantes que ponen en alto riesgo su supervivencia.
Tambien ahora la zona de La Ribera, enfrenta un gran peligro ambiental por la construcción del hotel Costa Palmas que pretende encausar los arroyos para construir sus campos de golf lo que provocará un daño irreparable al humedal colindante, hábitat natural de la Mascarita peninsular (Geothlypis beldingi), un ave en peligro de extinción exclusiva de los oasis sudcalifornianos junto con otras especies.
La presión sobre el medio ambiente se ha extendido ahora sobre las inmediaciones del parque nacional marino Cabo Pulmo. Diversos desarrollos inmobiliarios se están autorizando en esa zona sin tomar en cuenta las consecuencias que tendrá para ese importante ecosistema marítimo.
Nuestras leyes de protección al medio ambiente no están a la altura de los nuevos tiempos, el cambio climático, el explosivo y desordenado crecimiento de los destinos turísticos, el sacrificio del futuro en aras del enriquecimiento inmediato está motivando un acelerado proceso de degradación de las riquezas naturales que hemos heredado.
Empresarios inescrupulosos, nacionales y extranjeros, a los que lo único que les importa es obtener las mayores ganancias sobre su inversión, se coluden con autoridades de los tres niveles de gobierno para recibir la aprobación de sus proyectos. Eso ha ocurrido en el pasado y está ocurriendo hoy.
Aprovechándose de los enormes huecos que tiene la legislación en materia ambiental promueven soluciones legaloides para salirse con la suya.
Y parece que no hay autoridad alguna que los pueda frenar.
Muchos funcionarios públicos honestos miran impotentes como les pasan por encima estos vivales al no contar con los suficientes recursos humanos y económicos para hacer prevalecer el respeto a la ley.
Mayormente estos empresaurios llegan con la bendición dada por “los de arriba” y valiéndose del tráfico de influencias y la corrupción arrasan con todo a su paso.
Los más cínicos incluso declaran abiertamente que les sale más barato que los multen a obtener permisos respetando la ley.
Ante este desolador escenario solo nos queda que la sociedad civil organizada levante la voz y denuncie estos actos ecocidas.
Una cosa es el progreso y otra que se pasen de gandallas.
