Padecemos una organización del transporte diseñada en los tiempos del PRI, para crear un sistema de sometimiento a los prestadores de servicios, los cuales tienen que agacharse ante la autoridad, y ésta a cambio les da privilegios de explotación y forma de obtener dinero sin trabajar. Y todo lo pagamos los usuarios. Y existe en todos los órdenes:
Placas para acarreo de materiales
Placas para que pipas vendan el agua que extraen del acueducto
Placas para camiones de transporte público
Placas para camiones de transporte privado
Placas para recolección de basura privados
Placas para transportistas turísticos
Placas para taxistas
Y la cuenta sigue y sigue…
¿Quién recibe las placas? Los amigos del poder y los privilegiados. Muchos políticos, muchísimos prestanombres, muy, pero que muy pocos choferes.
Bajo las directrices de que a una señora de 70 años sin licencia de manejar puede tener placas, pero un honesto chofer experimentado no puede tenerlas, así nos va, de la rechingada.
Un sistema de transporte diseñado por un sindicato ¡hace noventa años! Para los tiempos de aplicaciones de celulares. Estamos amolados.
Y encima llegan los tiempos de las aplicaciones telefónicas, tipo UBER, y el Municipio les declara la guerra para defender sus interese$$$, partiéndole la madre a los turistas y a los residentes. Todo por conservar prebenda$$$.
Procedemos, por medio de la ley de transparencia (antes de que la desaparezcan) por pedir los nombres de todos los titulares de placas autorizadas de uso público. Y que empiecen a verse los nombres y los prestanombres de quienes nos tienen en este desastre, caro y malo.
Y luego, por supuesto, propondremos soluciones. El tema da para cuatro o cinco entregas.
