Continuamente se le echa en cara a Felipe Calderón, la infeliz ocurrencia de desatar la guerra contra el narco, que ha hundido al país en un baño de sangre y que propició la fragmentación y proliferación de los carteles de la droga. Pero se soslaya el hecho de que quien realmente provocó que se desatara la violencia, fue Vicente Fox. Hasta antes de la llegada del hombre de las botas a la presidencia de la república, el PRI, había mantenido, cierto control y una tregua negociada entre los integrantes de las organizaciones criminales, las que coexistían relativamente en paz. Había cuatro o cinco grandes carteles y acuerdos de pago entre ellos para cruzar por sus respectivos territorios, y poco se metían estos con la población civil. Fox, rompió con ese equilibrio, y perdió el control sobre las organizaciones criminales y le heredó este desastre a su sucesor.
Calderón, buscando prestigio y legitimidad, comete la imprudencia de desatar una guerra contra el crimen organizado para disminuir la violencia, sin estrategia, ni inteligencia, ignorando que los carteles, tenían, y tienen, infiltradas a todas las fuerzas de seguridad, encargadas de combatirlos y contaban, y cuentan hoy en día, con la complicidad de presidentes municipales, gobernadores, ministerios públicos, jueces, empresarios, policías municipales y estatales, y buena parte de la población, en las regiones donde son más fuertes y han consolidado un poder real, económico, militar y político. Si, político, porque juegan un rol importante en esta actividad, donde han colocado piezas clave dentro del sistema. El narco ha infiltrado a todos los partidos políticos, participa activamente en la agenda nacional y financia y apoya diversas campañas electorales de los que están a su servicio.
De acuerdo con una investigación del analista y escritor Ricardo Ravelo Galó. Nueve carteles y 74 grupos armados a su servicio controlan el 80% del territorio nacional.
Y pese a las buenas intenciones de Obrador por no profundizar el conflicto armado, la realidad es que estas estructuras delictivas, con todo su entramado de complicidades y apoyo de funcionarios públicos de diversos niveles de gobierno se mantienen intactas.
Las actividades delictivas de estas organizaciones van más allá del tráfico de estupefacientes, incluyen también, la trata de personas, huachicol, robo de automóviles, secuestro, extorsión, prostitución, venta de armas, explotación ilegal de recursos naturales y de fauna salvaje y tráfico de inmigrantes, entre muchas otras actividades ilegales. En ciertas regiones del país, el control absoluto del espacio geográfico está en sus manos.
El gobierno federal no tiene otra opción que pactar con estos señores de la guerra, para encontrar una forma decorosa de pacificar el país. Establecer un pacto de no agresión que permita lograr una tregua entre los que hoy se disputan a tiros los territorios y las rutas de trasiego de drogas, en lo que los programas sociales que propone López Obrador comienzan a dar sus frutos. El gobierno federal, como se hizo en el pasado priista, debería ser el árbitro entre los diferentes carteles, para evitar las masacres y que la población civil sea la más perjudicada.
Suena desagradable, lo sé, pero es eso o continuar en esta vorágine de violencia, sangre y dolor, ya que no se ve a, corto plazo, que por la vía militar se pueda ganar esta guerra -porque seguimos en guerra, nada más que el gobierno federal se replegó y los criminales continuaron avanzando sin mayor resistencia-.
Y tampoco se tienen que hacer públicos, los acuerdos que se logren entre los participantes. Con discreción y buen oficio, se puede lograr esto sin que implique un costo político para el presidente de la república.
Esto ya se ha hecho aquí antes, y funcionaba. Y en el resto del mundo también funciona, no se crean que somos el único país que tiene crimen organizado.
