Usted amiga, amigo lector que con tantos sacrificios está pagando una casita, que espera sea el patrimonio de su familia por muchos años, y se preocupa porque el vecindario donde crecen sus hijos sea tranquilo, seguro, limpio y ordenado. Ve como sus ilusiones se hacen añicos cuando sus nuevos vecinos son una caterva de rufianes que sin ninguna consideración ocupan las viviendas que fueron abandonadas por sus originales propietarios, al no poder continuarlas pagando.
El fenómeno se está propagando en todos los fraccionamientos residenciales de interés medio y bajo, tanto en San José del Cabo, como en Cabo San Lucas. Son cientos de viviendas, tal vez miles las que se encuentran desocupadas, mayormente propiedad de compañías hipotecarias, que tratan de recuperarlas para ponerlas en venta nuevamente. Pero en el ínter, una gran cantidad de estas han sido ocupadas por mal vivientes, vendedores de drogas, rateros y asaltantes quienes impunemente no solo toman posesión de forma ilegal de estas propiedades, sino que las convierten en centro de operación de sus múltiples delitos y al ser personas muchas de ellas con problemas de adicción y agresivas, se imponen sobre la mansa comunidad que, por temor, no los encara. Y cuando se pide la intervención de las autoridades, la lista de excusas para no proceder contra estos malandros es más larga que una bolsa de liguitas puestas de una en una.
Los invasores de viviendas, no se conforman con cometer sus fechorías en perjuicio de los vecinos, también es frecuente que se enfrasquen en peleas callejeras entre ellos u organicen escandalosas fiestas hasta altas horas de la madrugada. En resumen, esta plaga de malhechores está creando un gran problema social, que lejos de reducirse, cada día se incrementa.
La situación se complica sobre todo porque hay un enorme vacío jurídico, y quienes son los propietarios legales, en este caso las hipotecarias, tienen que sortear larguísimos procesos judiciales antes de poder recuperar estos inmuebles. Lo que deja en la indefensión a los residentes honrados que tienen la mala fortuna de vivir ahí, sin que haya ni a quien acudir en busca de solución para contener esta peligrosa situación.
Otro factor que agrava este escenario es la falta de organización de los vecinos, quienes mayormente optan por no involucrarse en prácticamente ninguno de los asuntos relativos a su comunidad. Esta indiferencia se traduce en una apatía manifiesta, que es el complemento ideal para que la delincuencia prolifere en estos espacios habitacionales.
Bajo estas condiciones, en donde, por un lado, no hay una presencia importante de la autoridad, y existen enormes vacíos legales para proceder en contra de estos delincuentes por parte de los propietarios legítimos de los inmuebles, y por otro lado la sociedad se encuentre desarticulada y dispersa; es de esperarse que el clima de violencia e inseguridad se incremente con el arribo de miles de personas que cada año llegan a Los Cabos a residir.
Para terminar con esta situación es imprescindible que se forme una instancia de coordinación que incluya a los propietarios de las viviendas invadidas, a las asociaciones de vecinos y autoridades de los tres niveles de gobierno quienes hagan primeramente un inventario de riesgos de los fraccionamientos donde esta situación es más apremiante, y en base a esta evaluación tomar acciones conjuntas que devuelvan la tranquilidad y la seguridad arrebatadas a las comunidades, antes de que empiecen los propios vecinos a tomarse la justicia por su propia cuenta.
No falta mucho para eso.
