Adelanta el Colegio de Posgraduados en Derecho

Promoverán amparo en contra de la Ley de Seguridad Interior
Arturo Rubio Ruíz
Pese a la recomendación del alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la manifiesta oposición de juristas y representantes de diversos sectores de la sociedad civil organizada, la denominada Ley de Seguridad Interior entrará en vigor una vez que sea publicada, y ante ello el Colegio de Posgraduados en Derecho desarrollan un amparo indirecto en contra de la medida adelantó Arturo Rubio Ruíz.

La Paz, Baja California Sur.- Existe consenso académico generalizado respecto a las graves violaciones que contiene la llamada Ley de Seguridad Interior, pues contiene disposiciones fundamentales que van en contra la Carta Magna, y por ello el Colegio de Posgraduados en Derecho desarrollan un amparo directo en contra de la medida.

Lo anterior fue comentado por Arturo Rubio Ruíz,  quien aseveró que “contamos como particulares con el juicio de amparo, mediante el cual podemos de manera individual o colectiva combatir la entrada en vigor de la norma, esto a través del llamado amparo contra ley, o bien; contra su primer acto de aplicación a través del amparo indirecto”.

Puntualizó además que diversas organizaciones sociales en Baja California Sur, con el apoyo de profesionales del Derecho afiliados al Colegio de Posgraduados en Derecho y la Barra de Abogados y la Asociación de Abogados “Ignacio Burgoa”, se encuentran trabajando ya en la elaboración de una demanda colectiva, la cual deberá presentarse dentro de los 30 días hábiles posteriores a la publicación de la ley.

“También puede combatirse la Ley de Seguridad Interna a través de la representación abstracta que compete a organismos públicos autónomos, cuerpos legislativos o entidades públicas dependientes del Ejecutivo federal, todos ellos facultados para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la llamada Acción de Inconstitucionalidad que consiste en una petición  de control de validez normativa”, explicó el jurisconsulto.

Dijo que por tratarse de un medio de control abstracto no exige agravio de parte, sólo se requiere que se tache de inconstitucional una ley, formal y materialmente, ya que mediante este procedimiento se alega ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una contradicción entre la norma impugnada y la Constitución.

“La acción popular de inconstitucionalidad es el medio procesal mediante el cual cualquier persona o ciudadano puede iniciar el proceso de control constitucional de las leyes, demandando la anulación de las mismas por razones de inconstitucionalidad. Este procedimiento reconoce el derecho de los gobernados al ejercicio del control sobre las leyes que estime inconstitucionales. Es un instrumento de participación democrática que garantiza el acceso ciudadano a los mecanismos de control de constitucionalidad”, acotó Rubio Ruíz.

Agregó al hablar sobre el mismo tema que existe también el veto presidencial ejercible de manera discrecional por el titular del Ejecutivo federal contra la publicación de la Ley; “pero en el caso es prácticamente imposible que se ejerza, habida cuenta que es precisamente el Presidente de la República el principal impulsor de La ley que pretende legitimar el uso de las fuerzas militares en labores constitucionalmente reservadas a corporaciones civiles”, dijo.

Finalmente aclaró que en todo caso, el veto únicamente serviría para retrasar la publicación de la Ley, pero no para lograr su inaplicabilidad, que es lo que en realidad se pretende cuando se habla de combatir la entrada en vigor de dicho cuerpo normativo, dictaminado por organismos internacionales y del sector académico nacional, como inconstitucional y contrario al respeto de Derechos Humanos, expuso para concluir el presidente del Colegio de Posgraduados en Derecho y Ciencias Afines.

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