Como auditor superior y según la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Julio César López Márquez, tiene las atribuciones fiscalizar a todos los entes públicos estatales, municipales y organismos autónomos, pero. . .

Balconeando /¿Y el auditor?

 Para quien ya no lo recuerde, fue el 11 de noviembre del año 2014 cuando el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur reeligió a Julio César López Márquez por siete años como auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, y según información entregada en su momento por la Unidad de Transparencia de la XIII Legislatura, el todavía funcionario fue ratificado 91 días antes de que se venciera el plazo del término legal de su periodo, es decir el 12 de marzo de 2015.

Pero también cabe recordar que fue en una sesión secreta donde los 21 “preocupados” diputados que tenemos votaron de manera unánime por su permanencia. Las preguntas ahora son: ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué méritos tiene para haber sido ratificado en el cargo?

Pues resulta que en aquellos ayeres se le cuestionó esto al entonces secretario de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior, Sergio Barrón Pinto, y su respuestas dadas fueron que era un planteamiento que se hizo conforme a la Ley que se revisó y se valoró, y que después de ello se hizo un dictamen y por esto se propuso.

Pero ojo, pues no hubo sesión pública, simple y sencillamente la hicieron secreta, y según la Ley Orgánica del Congreso del Estado debió haber sido electo Julio César López Márquez en el pleno en una sesión pública.

Quizá esto haya ocurrido porque durante cuatro años únicamente presentó dos denuncias penales por irregularidades en el manejo de los recursos públicos, y el resto ha seguido “bajo análisis de solventación”, esto y a pesar de que las responsabilidades como auditor superior, y según la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, tiene Julio César López Márquez -entre otras- la obligación de fiscalizar a todos los entes públicos estatales, municipales y organismos autónomos; así como establecer las normas y procedimientos, métodos y sistemas de contabilidad y de archivo de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del gasto público, y las normas, procedimientos y aquellos elementos que permitan la práctica idónea de las auditorías y revisiones.

Además puede y debe Julio César López Márquez requerir a todas las entidades fiscalizadas, servidores públicos y a personas físicas y morales, la información que con motivo de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública se requiera, solicitando a los entes públicos el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior; e imponer a los responsables las sanciones por responsabilidades administrativas.

En sus obligaciones también están enmarcadas presentar denuncias y querellas en los casos de presuntas conductas delictivas de servidores públicos y de particulares, esto cuando se tenga conocimiento de hechos que pudieran implicar la comisión de un delito relacionado con daños al patrimonio del Gobierno del Estado, gobierno municipales y entes públicos, en su Hacienda pública, algo así como el caso de nepotismo en que incurrió el titular de la SEP, Héctor Jiménez Márquez.

También Julio César López Márquez puede promover denuncias de juicio político de conformidad con lo señalado por la Constitución Política del Estado, e imponer multas como medida de apremio a los servidores públicos sujetos a fiscalización por hasta 10 mil salarios mínimos vigentes en la entidad; aunado a la promoción del cobro de daños y perjuicios causados a la Hacienda pública de los entes públicos, como resultado de las revisiones practicadas.

Por último, Julio César López Márquez también  puede fincar la responsabilidad e imponer las sanciones a los responsables por incumplimiento a los requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado, pero a la vista salta claramente que  lejos de ejercer sus facultades, tal y como lo manda la Ley Orgánica del Órgano de Fiscalización Superior, prácticamente ha sido un tipo omiso y complaciente. ¿O no?

Tal vez por eso aquel 11 de noviembre del año 2014 en el pleno del Congreso del Estado de Baja California Sur y en una sesión privada, fue que  se reeligió a Julio César López Márquez por siete años como auditor del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, sino no podemos entender porque tanto mutis y sigilo para hacerlo de esa forma, y como seguro no habrá cambio al respecto,  mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .

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