La palabrería utilizada por Carlos Mendoza Davis aquél 10 de septiembre de 2015 durante su toma de protesta como gobernador, y donde aseguró que habría total transparencia durante su mandato, se ha vuelto en algo no creíble, pues mantener a Sonia Murillo Manríquez como Contralora General del Estado ha resultado indecoroso e indecente. . .

Balconeando / ¿Decoroso y decente?

Durante su perorata de toma de protesta -el 10 de septiembre de 2015- el gobernador Carlos Mendoza Davis se comprometió que en ninguna oficina de su administración habría cabida a la corrupción, y que eso sería un compromiso decoroso y decente.

Pero quizá ya no reconozca que además asentó públicamente ante el montón de acarreados que fueron llevados para vitorearlo en su evento de unción, que seríamos el primer Estado de la República Mexicana en brindar transparencia; seríamos transparentes hoy y siempre, y que aquí no habría nada que esconder.

Y lo traigo a colación porque tal parece que todo eso quedó en buenos deseos, pues sin recato ni pudor propuso unos días después a Sonia Murillo Manríquez como titular de la Contraloría General del Estado, esto sin importar que en más de una ocasión ha sido observada por órganos de control interno por incurrir en irregularidades administrativas, sobre todo cuando se desempeñó como directora de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación Pública.

Para quien no lo recuerde,  Sonia Murillo Manríquez siempre ha estado bajo la sospecha de corrupción; primero por no haber comprobado los 130 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2011; después 440 millones en el 2012 y luego otros 77 millones de pesos en el 2013 =según datos obtenidos del Informe del Resultado de Auditorías Financieras de la Auditoría Superior de la Federación= todo ello en el rubro de  Gasto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.

Peor aún, existen otros registros que apuntan a Sonia Murillo Manríquez que como auditora en la desaparecida Contraloría Mayor de Hacienda y auditora general del Órgano de Fiscalización Superior -según el oficio OFSBCS/1010/2009 de fecha 24 de noviembre de 2009 y firmado por el auditor superior, Julio César López Márquez- cometió errores y “omisiones involuntarios” al ser responsable operativa del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado durante el sexenio del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño.

Ahora bien, a ciencia cierta no se sabe si esto último fue por su inexperiencia de ella, por distracción o quizá por consigna directa de quien fuera ex gobernante coaligado del PT y PRD, y después un presidiario distinguido en el CERESO de La Paz, pero lo que si es cierto es que Sonia Murillo Manríquez omitió presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las retenciones del Impuesto Sobre la Renta correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto y la primera quincena del mes de noviembre de 2008, como también las comprobaciones de los recursos etiquetados para capacitación y que derivó en dos observaciones del entonces director general de Auditoría a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación, Juventino Pineda Pinto.

Ahora en su calidad de Contralora del Estado, la misma Sonia Murillo Manríquez no ha sido ni contundente ni implacable como se comprometió durante su comparecencia del 17 de septiembre del 2015 en el Congreso del Estado, día en el que dio a conocer su supuesto plan de trabajo. Por el contrario, en casi todos los casos donde ha metido la mano recurre siempre a tapar los boquetes financieros encontrados, y a maquillar las malversaciones de fondos públicos bajo el argumento “de que son asuntos institucionales”.

Pero todo esto ya es una costumbre en Sonia Murillo Manríquez, pues en la recta final del trágico sexenio de Narciso Agúndez Montaño, se le detectó un faltante en bancos por 143 millones 209 mil pesos que fueron depositados por la Tesorería de la Federación en la cuenta administradora para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, y donde después de una auditoría aplicada únicamente se encontró un saldo de 28 millones 500 mil 279 pesos.

Lo anterior dio a pie al señalamiento de un probable daño patrimonial en la Hacienda Pública Federal por un monto de 143 millones 209 mil pesos, esto más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de fondo, ya que se desconocía su aplicación y destino; y en su caso debieron ser acreditados con la evidencia documental de su administración y esto, no sucedió.

Pero ahí no para la cosa, ya que en el periodo de Alberto Espinoza Aguilar como titular de la SEP, la Auditoría Superior de la Federación reveló otro quebranto más por 130 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado, y el famoso nepotista de Héctor Jiménez Márquez la cobijó bajo su “manto sagrado” de Juan Diego como directora de Administración y Finanzas, y donde tiempo después no pudo comprobar gastos por 77 millones 312 mil 100 pesos que fueron extraídos de manera irregular otra vez del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal del Estado.

Por eso decimos que lo enarbolado por Carlos Mendoza Davis en el sentido de que en ninguna oficina de su administración habría cabida a la corrupción, quedó en mera palabrería, pues mantener a Sonia Murillo Manríquez como Contralora General del Estado ni resulta decoroso ni mucho menos decente; motivo por lo cual quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . .

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