La facultad de cobro del impuesto predial es intransferible, y contratar a una empresa de cobranza para su realización tal y como lo quiere el alcalde Armando Martínez Vega, es ilegal e incluso delictivo, pues implicaría un desvío de recursos públicos. . .

Balconeando / Cobranzas y tranzas

El espacio de hoy lo inicio con una remembranza, ya que desde hace dos décadas conozco a Arturo Rubio Ruíz, un abogado por la UNAM que nació en la Ciudad de México pero que se considera paceño por adopción; que tiene estudios de posgrado, dos maestrías y hoy por hoy se sigue preparando pues acaba de concluir un doctorado; y para quien no lo sepa, también cuenta con diplomados en Barcelona y Madrid, España, y de Buenos Aires, Argentina. O sea que me queda claro y no tengo duda alguna que si de algo sabe, es de leyes.

Por otro lado, en días pasados se llevó a cabo en el Ayuntamiento de La Paz una intentona de atraco al erario municipal, ello vía la contratación de una empresa abarrotera que operaría como “cobradora” del impuesto predial en el “Puerto de Ilusión”.

Así sin más ni más, Armando Martínez Vega, el obtuso tipo que cobra mes con mes como alcalde de La Paz, tuvo la genial idea de contratar a una empresa de dudoso origen y que a cambio de un 30 por ciento de lo obtenido, y que descaradamente llamó el edil “comisión”, se encargaría de recaudar el tributo correspondiente al impuesto predial.

¿A qué viene la mención de Arturo Rubio Ruíz con el intento de contratar a una compañía abarrotera para operar como  recolectora de gravámenes, se preguntará más de uno?

Pues viene a que el presidente del Colegio de Postgraduados de Derecho y Ciencias Afines en Baja California Sur, explico a través de la colaboración que realiza para CULCO -Comunicación y Cultura de BCS-, esto en su edición digital del 15 de septiembre pasado, que el Ayuntamiento de La Paz no puede “transferir” vía contrato privado la facultad que le permite cobrar el impuesto predial que tanto se ha venido comentando.

¿Por qué? Pues porqué el reconocido jurisperito explica que el Artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como obligación de los mexicanos y extranjeros contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público; y en contrapartida a esto, es atribución del Estado establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, y el ejercicio de esta facultad es un procedimiento regulado por la legislación tributaria.

Además, y como buen letrado que es Arturo Rubio Ruíz, dejó en claro que el Ayuntamiento de La Paz tiene una facultad para realizar el cobro de manera directa sin acudir ante un tribunal judicial, esto a través de un procedimiento administrativo que se realiza mediante una vía ejecutiva con dos partes, el Estado como ejecutor y el contribuyente como deudor, sin mediar un tercero imparcial, por lo que no compete a la función jurisdiccional su implementación. O sea, que Armando Martínez Vega está dando muchos saltos cuando el suelo es por demás parejo.

En consecuencia, el Ayuntamiento de La Paz no necesita contratar un despacho de cobranzas, y mucho menos a una empresa abarrotera, sino que simplemente debe ejercer sus facultades sin mayor contingencia procesal, pues tratándose del impuesto predial el deudor obligado, o séase el titular de los derechos reales del predio en cuestión, es un causante “cautivo” que no puede ni esconder ni desaparecer su propiedad, y que por lo tanto si no paga al ser requerido por el Municipio se le puede embargar y en su caso, hasta rematar el inmueble para obtener el cobro.

En términos mucho más jurídicos, sostiene Arturo Rubio Ruíz que las contribuciones sobre las que opera el procedimiento administrativo de ejecución son los impuestos -el predial entre ellos-, aportaciones de seguridad social, derechos y aprovechamientos, excluyéndose para el cobro de los llamados “productos”, que son las contraprestaciones por los servicios que preste el órgano público actuando como ente privado. ¿Muy complicado de entender verdad? Pues hay les va de un modo más coloquial.

Lo anterior significa que sólo para el cobro de los aprovechamientos -entiéndase impuesto predial-el Ayuntamiento de La Paz podría necesitar de un despacho de cobranza ante la incapacidad técnico operativa de su Departamento Jurídico para actuar en consecuencia; pero en el caso de los impuestos de ninguna manera puede trasferir la potestad para el cobro, y mucho menos renunciar a ella para que una empresa privada de cobranza -que peor aún quiere el alcalde que sea una empresa abarrotera- quien intente el cobro de los impuestos.

Si al asesor jurídico del XV Ayuntamiento de La Paz, el ya tristemente célebre Santiago Leal Amador no le queda claro cómo puede cobrar el impuesto predial en cuestión, pues se le podría explicar con bolitas y palitos para ver si así lo capta.

Primero se requiere el pago. Si el contribuyente es omiso, entonces se decreta el embargo de bienes suficientes para cubrir el crédito fiscal, procediéndose a su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Después dentro del crédito fiscal, se incluirán los gastos de ejecución y recargos, luego se debe emitir la resolución liquidataria de la autoridad determinándose el crédito fiscal que debe, y se emite un mandamiento de ejecución de la resolución que inicia el procedimiento administrativo que debe estar debidamente fundado y motivado, para luego rematar los bienes embargados y aplicar del monto obtenido a las arcas municipales. Pero ojo, no a las bolsas de quienes dicen gobiernar en bien del pueblo paceño y que en cambio compran camionetas de lujo y otras suntuosidades que creer merecer.

En conclusión, la facultad del cobro del impuesto predial es intransferible señores, que quede claro, y contratar a una empresa de cobranza -peor aún a una empresa abarrotera- para su realización es ilegal e incluso delictivo, pues implica un claro desvío de recursos públicos.

El Ayuntamiento debe echar a la calle inmediatamente a su excelentísimo director Jurídico que sirve para una con sal y dos de arena, esto por la manifiesta y evidente ignorancia legal e incapacidad operativa que ha demostrado tener. Por ello no podemos permitir que se siga saqueando impunemente el erario municipal paceño. ¿O sí? Pero mientras algo sucede al respecto, quien esto escribe mejor seguirá Balconeando. . .

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