Obligatorio una vez al año

Antidoping a todos los funcionarios de gobierno
antidoping
Una vez que se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, los servidores públicos estarán obligados a realizarse cada año un examen antidoping; y estarán obligados a esta medida el gobernador del Estado, titulares de Despacho, subsecretarios, directores generales, coordinadores administrativos, contralor del Estado, revisor fiscal; todos los legisladores del Congreso del Estado, Magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del fuero común y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.

La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado acordó por unanimidad incluir en la recién aprobada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, la obligatoriedad de que quienes ocupen espacios de responsabilidad en las administraciones estatal y municipal, tengan que realizarse en el mes de agosto de cada año exámenes toxicológicos, esto con la fin de garantizar que los servidores públicos “cumplan con honradez, responsabilidad y eficiencia las obligaciones que derivan del encargo para el cual fueron electos o designados”, y advirtiendo que de resultar positivas las pruebas que estarán bajo la responsabilidad de laboratorios del Sector Salud en la entidad, se proceda a la inhabilitación o destitución del cargo  a quien se le detecte consumidor de alguna sustancia prohibida por la Ley.

Al entrar en vigor esta medida, una vez que se publique en el boletín Oficial del Gobierno del Estado, los servidores públicos que estarán obligados por Ley a realizarse el examen antidoping serán el gobernador del Estado, los titulares de Despacho, subsecretarios, directores generales, coordinadores administrativos, contralora del Estado, revisores fiscales; en tanto que en el Poder Legislativo tendrán la misma obligación a esta prueba todos los legisladores del Congreso del Estado.

En el caso del Tribunal Superior de Justicia la obligación será obligatoria para Magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del Fuero Común y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral.

Asimismo se contempla que los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el presidente de la Junta de Conciliación Arbitraje, los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también se realicen los exámenes cada año.

En lo que concierne a los gobiernos municipales, corresponderá al alcalde, síndico, regidores y delegados municipales realizarse de forma obligatoria los exámenes toxicológicos.

El ordenamiento legal señala además que en caso de que un servidor público se niegue a efectuarse este tipo de exámenes, tendrá un plazo no mayor de 10 días para hacerlo, y de persistir en su negativa será destituido.

En el supuesto de que un servidor público de resultado positivo en el antidoping, podrá ser acreedor a sanciones como la amonestación de carácter pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión, destitución, e inhabilitación temporal de la responsabilidad y para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas y adquisiciones.

La norma específica que se pueden aplicar una o más sanciones, de acuerdo a la gravedad de la misma.

Además se propuso un Artículo Transitorio en el que se establece que 90 días después de que sea publicado el decreto conteniendo estas obligaciones, tanto el Ejecutivo como los Ayuntamientos deberán presentar el Reglamento correspondiente en donde quedarían plasmados los mecanismos que se seguirían para la práctica de los exámenes toxicológicos a los servidores públicos del Estado y Municipios de Baja California Sur.

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