La asociación civil Lexa califica de ilegal al Consejo de la Judicatura

¿En manos de quien está la administración de justicia en BCS?
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¿En manos de quien está la administración de justicia en Baja California Sur?; es la interrogante que hace el grupo de abogados que conforman la asociación civil Lexa BCS, pues han advertido que “desde fechas recientes los integrantes del Congreso del Estado son verdaderos neófitos de la ley, pues violan las normas a su conveniencia, y que el famoso y traído Consejo de la Judicatura no es la excepción”, aseguran.

La Paz, Baja California Sur.-  El grupo de abogados que conforman la asociación civil Lexa BCS, aseguran que de acuerdo a Constitución Federal y del Estado de Baja California Sur, en el Poder Judicial de las entidades federativas se descarga su actividad jurisdiccional, es decir la administración de la justicia, aplicación e interpretación de las normas legales de carácter local.

Con ello se debe entender que cualquier diferencia entre particulares, entre particulares y el estado, o inclusive entre poderes públicos locales, será dirimida por dicho Poder Judicial tratándose de leyes locales; por tanto sus integrantes deberán ser verdaderos conocedores del derecho, pues son quienes aplicarán la ley en nuestro estado.

“Sin embargo hemos advertido a fechas recientes, que los miembros del Congreso local son verdaderos neófitos de la ley, pues violan las normas a su conveniencia, y el famoso y traído Consejo de la Judicatura no es la excepción”, dijeron.

Todo lo anterior viene a colación porque en febrero pasado se creó el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, y donde cuatro de sus cinco integrantes se encuentran en ilegalidad, ya sea porque su nombramiento o el puesto que ejercen lo hacen en contravención a la ley o la constitución, o bien, porque no cumplen los requisitos exigidos por la misma, explicaron el grupo de abogados.

“A ciencia cierta, el único que cumple con los requisitos es el Consejero nombrado por el Ejecutivo, sin embargo los restantes cuatro no. Por ejemplo, de acuerdo al Boletín oficial No. 5 de fecha 10 de Febrero del 2017, que señala en el apartado correspondiente al Poder Judicial, en donde se hace saber que la Secretaria General de Acuerdos del Pleno y la Presidencia que dentro del Acta de Sesión de Pleno número 49, celebrada con fecha  13 de Diciembre de 2016, acordó que el Presidente propone a los magistrados integrantes del Pleno, esto en términos de lo previsto en los artículos 97 fracción XIV, y 100 fracciones II y III de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y que sean designados como Integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado por parte de este Órgano Colegiado, a Héctor Homero Bautista Osuna, Magistrado de la Segunda Sala Unitaria en materia Penal, así como a Carlos Adrián León Zepeda, Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal en San José del Cabo, Baja California Sur; y al respecto los Magistrados por unanimidad de votos determinaron acordar de conformidad a la propuesta planteada por el Magistrado Presidente, y como se puede advertir, los citados nombramientos se llevaron a cabo en contravención de la Constitución del Estado, pues no se siguió el procedimiento establecido para ello”.

“Esto es una violación cometida por el Magistrado Presidente y confirmado aparentemente por los Magistrados ignorantes de la ley suprema estatal, ya que la misma establece: Son facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designar en votación secreta por la mayoría de sus integrantes al Magistrado y juez de primera instancia que conforme al numeral 100 de la Constitución será miembro del Consejo de la Judicatura; es decir, el procedimiento que se llevará en votación secreta, en insaculación, y no por propuesta del presidente y aprobada por los magistrados, pues dentro de las normas que integran la Ley Orgánica vigente en ese entonces no existe ni facultad para el presidente de proponer, ni facultad del pleno para designar”, sostuvieron.

Otra pifia marcada por el grupo de abogados fue el caso de la Consejera Ciudadana nombrada por el Congreso del Estado, pues explicaron que “dicho nombramiento recayó en Ligia Patricia Muñoz Peña, quien a su vez es Presidenta a la fecha del Colegio de Abogados de Baja California Sur, y en nuestra Constitución Política existe una prohibición para llevar a cabo la actividad que aún realiza dicha Consejera”, explicaron.

“Hasta la fecha la funcionaria judicial lleva a cabo la doble función, como Consejera y a su vez Presidenta del Colegio de Abogados. ¿Será causal la revocación su nombramiento como Consejera? ¿Tendrá la calidad moral dicha Consejera para sancionar a jueces y funcionarios judiciales como lo es el Presidente de la Comisión de Carrera Judicial?”, cuestionaron.

Sin embargo, el más grave de los casos expuestos, prosiguieron diciendo, “es de quien se hace llamar Consejero Presidente, quien a su vez dicho encargo viene de ser supuestamente Presidente del Tribunal Superior de Justicia”.

Como todos sabemos, Daniel Gallo Rodríguez, entró en dicha función el 22 de enero de 2012, siendo electo por el Pleno de Magistrados en virtud de haber quedado vacante dicha Presidencia por “renuncia” del entonces presidente Ignacio Bello Sosa, concluyendo su primer periodo en Abril de 2014 e ilegalmente fue reelecto de nueva cuenta para cumplir el periodo 2014-2017, esto por presión e instrucción del entonces gobernador Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, asentaron los jurisconsultos.

“Pero la Constitución Política del Estado no permite la reelección del cargo de Magistrado Presidente tal y como lo señala el artículo 95, y donde se marca que este durará tres años en su cargo nada más”, anotaron.

Como pueden advertirse, no existe la figura de la reelección en la Constitución Política del Estado. Si la intención del legislador fuera permitir la reelección, así lo hubiere establecido con una frase como “pudiendo reelegirse por periodos consecutivos”

Con lo anterior quedó establecido que desde abril del 2014 el nombramiento del Presidente del Poder Judicial en la persona de Daniel Gallo Rodríguez es inconstitucional, pues cualquier norma secundaria que le permita dicha reelección es contraria a la Constitución, y por lo tanto nula de pleno derecho.

“Y para colmo hoy martes Daniel Gallo Rodríguez por tercera ocasión pretende reelegirse como ya lo ha expresado a diferentes medios de prensa, violentando así una vez más la Constitución como ya lo hemos referido”, finalizaron explicando el grupo de abogados que conforman la asociación civil Lexa BCS.

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