Es imposible que no supieran de su construcción, señaló la Corte Internacional del Medio Ambiente

Se hicieron autoridades de la “vista gorda” con las cabañas de Solmar
cabanas
El presidente de la Corte Internacional del Medio Ambiente, Ramón Ojeda Mestre, aseguró que las cabañas construidas por el Hotel Solmar en lo que es el Área Natural Protegida de El Arco de Cabo San Lucas deben ser demolidas, pero a cargo de la autoridad.

La Paz,  Baja California Sur.- El presidente de la Corte Internacional del Medio Ambiente, Ramón Ojeda Mestre, aseguró que las cabañas construidas por el Hotel Solmar en lo que es el Área Natural Protegida de El Arco de Cabo San Lucas deben ser demolidas, pero a cargo de la autoridad.

“Las cabañas del conjunto hotelero Solmar, ubicadas por el Pacífico en Cabo San Lucas, deben de ser demolidas, pero no con cargo al desarrollador sino a la autoridad que en su momento autorizaron su construcción, y también se debe de fincar responsabilidad a las autoridades federales, estatales y municipales, cada una en el respectivo ámbito de su competencia, no solamente porque se construyó en un lugar inadecuado, faltando al cumplimiento de las normas que rige la zona federal marítimo terrestre y el plan de Desarrollo Urbano de Los Cabos, sino porque se encuentra claramente afectando un área natural protegida que es la que colinda con la bahía El Médano, en Cabo San Lucas, donde está el Arco”, enfatizó Ojeda Mestre.

En ese sentido, el mismo entrevistado comentó que las construcciones en cuestión están afectando no solamente al paisaje, sino que también desequilibrando el micro ecosistema que tiene esta zona pedregosa de la playa estacional y los acantilados de la parte del Pacífico y del Golfo de California.

Recalcó que es “obvio” que las autoridades tuvieron conocimiento y observaron lo que estaban construyendo, por ello, dijo ser responsabilidad de las mismas  autoridades por haber extendido los permisos indebidamente, y luego por haber permitido que se levantara la obra de una manera ilegal y que la autoridad federal de la zona federal marítimo terrestre, y la respectiva del ayuntamiento Los Cabos, por no haber hecho la denuncia correspondiente en el momento adecuado, sino hasta que los medios de comunicación empezaron a cuestionarlos.

“Es obvio que tuvieron la oportunidad las autoridades de ver qué se estaba construyendo, tienen que haber dado autorización en las licencias de construcción y eso es un delito, el otorgar permisos de construcción; incluso en base a un reglamento obsoleto como es el reglamento de construcción del municipio de Los Cabos tuvieron que haber tomado conocimiento de esos hechos fraudulentos e ilícitos, por lo tanto debe de ser sancionada la autoridad, no el particular, porque éste hizo los tramites que creyó convenientes y la autoridad se prestó a algo irregular o anómalo”.

“La autoridad estatal y municipal deberían de haber vigilado estrictamente, porque no es un lugar remoto como para que nadie se diera cuenta, es un lugar cercano y de costos que levantan los millones de dólares, por lo tanto es una zona por la que transitan diario lo mismo pescadores que paseantes, turistas o visitantes de toda índole, sean federales, estatales y municipales; se tiene una responsabilidad tanto por el daño ambiental como rige el Artículo 4 Constitucional, como por la afectación a la zona federal marítimo terrestre que marca el Artículo 27 de la propia Constitución General de la República”.

El mismo Ojeda Mestre comentó que “no se vale” que se escuden de esa forma, pues mencionó que la construcción de dichas cabañas, se remota a años atrás, cuando los responsables empezaron levantando una por una, y aseguró que no fue hasta que los medios de comunicación “levantaron la ámpula” que se realizó la visita de inspección para que éstas fueran clausuradas.

“Yo estoy de acuerdo si esto hubiera sido el día de ayer, pero ya tiene años, se fueron levantado paulatinamente, es lo que se llama un delito de tracto sucesivo, se ha cometido un delito ambiental y urbano, del sistema de planeación urbano donde se está poniendo una cosa, al día siguiente otra cosa, luego una cabaña y luego otra”, sentenció.

Por lo tanto, destacó que desde su punto de vista deben de ser demolidas pero no con cargo al particular, al empresario, al desarrollador, sino que deben de ser demolidas con cargo a la autoridad que toleró y se coludió ilícitamente para la conculcación de la norma y del reglamento, finalizó diciendo Ojeda Mestre.

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