Plantea el presidente Enrique Peña Nieto planteó al Senado

No podrán Gobernadores eludir responsabilidad de garantizar seguridad
balacera
Propone EPN que los Gobernadores garanticen la seguridad en su territorio y que recursos de alcaldías pasen a administraciones estatales.

Ciudad de México.– El presidente Enrique Peña Nieto planteó al Senado hacer responsables a los gobernadores de garantizar la seguridad en todo su territorio y que los subsidios y recursos municipales en materia de seguridad pública pasen a las administraciones estatales.

Como parte de su iniciativa de reformas constitucionales contra el crimen, el jefe del Ejecutivo pide que municipios ya no reciban las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública.

Los presidentes municipales deberán entregar a los gobernadores los recursos, tanto materiales como financieros, que los municipios destinen en materia de seguridad pública, incluyendo equipamiento, armamento y vehículos para dichas funciones.

Propone la obligatoriedad del Mando Único Estatal para evitar que los mandatarios locales puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo.

Peña Nieto plantea que la intervención de la Federación en alcaldías sea una decisión de Estado, porque involucraría a legisladores federales y locales.

Intervenir municipios será decisión de Estado

Suplir gobiernos locales requerirá del aval de legisladores; gobernadores manejarán los subsidios que recibían los ediles.

El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado que la intervención federal en los municipios infiltrados por el crimen organizado sea una decisión de Estado y que los gobernadores no puedan eludir la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio a su cargo, para lo cual tendrán tanto poder que incluso recibirán los subsidios federales que se destinan a los municipios para el combate al crimen.

Ayer, el Presidente de la República entregó al Senado su propuesta de reforma a los artículos 21, 73, 104, 115, 116 y 123 de la Constitución, porque “México requiere de una transformación institucional en materia de seguridad pública que cimbre las bases mismas sobre las que está construido. Una reforma superficial, en este momento, sería insuficiente e irresponsable”, dice Enrique Peña Nieto al Senado.

Así, el mandatario federal plantea cambios para que el Congreso de la Unión pueda crear leyes que “establezcan los delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas deban imponerse”, las leyes generales que “establezcan los tipos penales y sus sanciones respecto de determinadas conductas y que distribuyan competencias para su investigación, persecución y sanción. Las legislaturas locales podrán legislar en materia penal respecto de aquellas conductas que no estén tipificadas y sancionadas”.

De igual forma, para emitir una ley general que “distribuya competencias en materia penal en la investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, incluyendo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y coordinación en estas materias”, así como las leyes en materia de concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública”.

El Presidente de la República plantea que no procederán las controversias constitucionales en lo relacionado con la intervención de la Federación en los municipios.

Detalla que el procedimiento a seguir para proceder a la intervención de la Federación en los municipios será una decisión de Estado, porque involucra a los Poderes de la Unión.

“Cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones, el Fiscal General de la República advierta indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de servicios públicos municipales, lo comunicará al secretario de Gobernación, para que, de estimarlo procedente, en forma conjunta soliciten la aprobación del Congreso de la Unión para que la Federación asuma temporalmente, en forma total o parcial, las funciones del municipios, en los términos que disponga la Ley Reglamentaria.

Añade que “la seguridad de los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados, por conducto de su corporación policial estatal. Los municipios deberán realizar las aportaciones a los estados, en los términos que determinen sus leyes, para la realización de esta función”.

De esta forma, los gobernadores se convierten en los únicos responsables de garantizar la seguridad en todo el territorio que gobiernan, pues aunque en el régimen transitorio, el Presidente de la República propone un periodo de transición de dos años para la entrada en operación real del mando único estatal, deja en claro que desde el momento mismo de la entrada en vigor de la reforma constitucional los gobernadores tendrán el poder sobre los municipios en materia de seguridad pública.

“A partir de la entrada en vigor del presente decreto, los gobernadores de los estados podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o en aquellos en los que el gobernador considere que la situación lo amerita para efectos de garantizar la seguridad de uno o varios municipios, o del estado.

Agrega que “de conformidad con los planes estratégicos de transición, las ministraciones correspondientes a los municipios relativas a las participaciones, aportaciones y subsidios federales en materia de seguridad pública se consideran otorgadas al estado al que pertenezcan”.

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