La Paz, Baja California Sur.- El proceso de entrega – recepción de cargos de los Secretarios tanto de Educación Pública (SEP) como de Salud y Asistencia (SSA) que recientemente renunciaron a sus cargos de gabinete debe ser revisado por las contralorías internas de cada institución y hasta el momento no han sido atraídas por la Contraloría General del Estado, declaró la titular de este órgano descentralizado Maritza Muñoz Vargas.
Entrevistada por Peninsular Digital en torno al procedimiento que la administración gubernamental debe realizar en torno a estos cambios en los titulares de secretarías de importancia capital, la funcionaria indicó que de acuerdo a la normatividad aplicable, son las propias contralorías internas de cada secretaría quienes deben de revisar el informe de entrega recepción de cada dependencia.
De la revisión de estos organismos de control interno emana un informe que, de considerar que algún detalle fuese motivo para fincar alguna probable responsabilidad a los funcionarios salientes se debe notificar al Contraloría General del Estado que dirige.
“El funcionario saliente debe hacer una entrega recepción según lo determinen los administradores de dichas instituciones, ambas secretarías cuentan con contralorías internas y son las encargadas de efectuar la entrega- recepción y a su vez, en aquellos casos que lo ameriten, solicitar la intervención de la Contraloría General”, expresó.
Muñoz Vargas dijo que la CGE se encuentra en constante comunicación con dichos órganos internos, pero la intervención sólo puede ser “a solicitud de las contralorías internas”.
Santiago Cervantes Aldama y Alberto Espinoza Aguilar dieron a conocer su renuncia en SSA el pasado 13 de junio y en SEP el 17 de junio respectivamente.
Sólo en 2012 la SSA y la SEP juntas ejercieron el 35% del presupuesto estatal.
De acuerdo con la Ley de Egresos del estado, sólo en 2012 la SSA manejó 1 mil 378.327 millones de pesos y la SEP 3 mil 337.5millones.
De acuerdo con la Ley de Responsabilidad de Funcionario Públicos, la CGE tiene un término de 30 días aplicables a partir de la renuncia para identificar, si las hubiera, alguna irregularidad que pudiera fincar responsabilidad sobre los funcionarios salientes.
La contralora declaró a este medio digital que hasta la fecha de publicación de esta nota la dependencia a su cargo no ha recibido un llamamiento por parte de las contralorías ni de la SSA ni de la SEP para revisar algún detalle.
Respecto a las irregularidades más comunes en este tipo de procedimientos, como en todos los que realizan la CGE, su titular informó que en su mayoría recaen en aspectos cuya génesis emana del desconocimiento de la normatividad.
“Por ello es que desde que asumí el cargo, hemos buscado que la contraloría realice una labor preventiva, más que punitiva” para lo que han realizado una serie de actividades para promover las normas y leyes que aplican para todos los aspectos del ejercicio de la función pública en el estado, como la puesta en marcha de una “normateca virtual” que permite a los funcionarios consultar todo el marco normativo del estado en un solo sitio así como la promoción de estos instrumentos jurídicos y su aplicación en el servicio público.
