La Paz, Baja California Sur .– La Comisión Estatal de los Derechos Humanos recomendó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tomar las medidas necesarias para garantizar las condiciones mínimas indispensables de respeto a su dignidad y los derechos fundamentales a las personas que se encuentran recluidas en el Centro de Ejecución de medidas Cautelares (casas de arraigo) bajo cualquier figura jurídica.
La recomendación, remitida al Procurador General de Justicia del Estado Gamill Abelardo Arreola Leal con número de expediente CEDHBCS-VG-REC-04/13 además solicita al Órgano Interno de Control de la PGJE investigar a elementos de la Policía Ministerial a cargo de labores de vigilancia y protección de las instalaciones del Centro de Ejecución de Medidas Cautelares (centro de arraigo).
La recomendación iniciada por la comisión que preside Ramón Meza Verdugo emanó de una queja ciudadana presentada por familiares de personas detenidas en la conocida como casa de arraigos de Calle 6 y Álamo de la Colonia Ruiz Cortines en esta ciudad.
Los quejosos solicitaron a la Comisión investigar la vulneración de actos de detención arbitraria, retención ilegal, violación al derecho al trato digno, tortura, incomunicación, lesiones, amenazas, intimidación y ejercicio indebido de la función pública.
En las observaciones que se emiten en la recomendación, la CEDH acredita que existe la vulneración de los derechos humanos, a la integridad física, psicológica y moral de los individuos privados de su libertad en dicho centro de ejecución.
La recomendación pide a Arreola Leal de vista al Órgano de Control Interno de la PGJEBCS, de la queja, a efecto de que inicie el procedimiento correspondiente, del cual pide mantener informada a la CEDH de los avances que se obtengan como resultado de la integración del expediente que se apertura al respecto.
En específico solicita que esos informes detallen si el órgano interno, encuentra o no, irregularidades en la actuación de los elementos de la Policía Ministerial que participaron en la detención de los parientes del quejoso.
La recomendación señala como responsables a los agentes de la corporación judicial a Ismael López Martínez y Susana Leticia Markham Guerrero, y de los agraviados Norma Zavala Avilés, Trinidad Murillo Lucero, Menor Pedro Antonio Méndez Markham, César López López y Salvador Jaime Méndez Sánchez.
Asimismo si se encontraron irregularidades en la actuación del personal que tienen a su cargo las labores de vigilancia y protección de las instalaciones del Centro de Ejecución de medidas cautelares (Centro de arraigo) y de ser así el tipo de sanción que se les aplicó, anexando la documentación que compruebe tal hecho, a la brevedad posible posterior a la emisión del resolutivo.
