La Paz, Baja California Sur.- Refugio Carrillo, titular de la Dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tierra en el Gobierno del Estado admitió que hay un espacio en la carretera al sur de la capital del estado que está siendo invadido de forma ilegal pero que las autoridades no pueden hacer nada al respecto.
Entrevistado por diversos medios de comunicación en torno a la invasión conocida como “casas CIMA” ubicadas en terrenos aledaños a un desarrollo que sí está fomentado por el Instituto de Vivienda, el funcionario estatal expresó que sí tienen conocimiento de personas que han acudido a pedir informes respecto a viviendas que se “venden” por sólo dos mil quinientos pesos pero hasta el momento las autoridades no han podido dar con los legítimos propietarios de este fraccionamiento.
“Lo más sano es que desistan de comprar, no quiero pensar que las personas que están vendiendo no son los dueños, pero la recomendación es que no caigan en engaños de personas que por una cantidad de dos mil a dos mil quinientos pesos cobran por el derecho de acceso a una vivienda”.
El funcionario dijo que esto llegó a oídos del Gobierno cuando personas interesadas en pagar este dinero acudieron a consultar a las autoridades.
“Personas interesadas en lo que está ocurriendo en este fraccionamiento han venido y nos han preguntado qué ocurre con estas viviendas, nosotros como gobierno no podemos decirles que vayan a comprar pues ahí la propiedad no está acreditada aunque están vendiendo particulares” manifestó Carrillo Sánchez quien recomendó que a los paceños que no caigan en el engaño de comprar viviendas de dudosa titulación.
“En un principio, cuando inició esta invasión, investigamos un poco para saber quién era el dueño y encontramos que se trataba de la constructora CAME y tratamos de encontrar qué pasó con las casas para que abandonaran el desarrollo y porqué algunas se quedaron en obra negra pero no obtuvimos respuesta alguna” , expresó.
El funcionario dijo que sólo 8 familias lograron comprar una casa a la inmobiliaria contando con documentos que amparan la compraventa de sus inmuebles pero el resto de las casi 50 viviendas y hasta otros 50 terrenos pues no pueden acreditar la legítima posesión de los inmuebles.
Sin embargo, de acuerdo con la versión de la autoridad entrevistada, las acciones que pude realizar el gobierno contra quienes estarían cometiendo esta estafa es limitada debido a que hasta la fecha no existe una denuncia por parte de los legítimos propietarios de este espacio.
