La Paz, Baja California Sur.- El juicio que se discute entre el Ayuntamiento de La Paz y el ejido San Antonio y la minera La Pitalla se encuentra estancado. Desde diciembre del año pasado los casos se encuentran en desahogo de pruebas y Edwin Navarro Muro, director de Asuntos Jurídicos del propio Ayuntamiento, adelanta que ante cualquier resolución se espera que la parte no favorecida solicite un recurso de revisión y llegar así hasta los tribunales colegiados.
La Pitalla y el ejido San Antonio se ampararon contra el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) del municipio de La Paz. El primer caso discurre en el juzgado noveno en materia administrativa de la Ciudad de México, se trata de un amparo indirecto con número de expediente 1011/2012, mientras que el caso del ejido tiene lugar en el juzgado segundo de distrito de la ciudad de La Paz, bajo el expediente 808/2012.
Navarro Muro explica que se han diferido las audiencias constitucionales “porque no se han emitido los dictámenes periciales ofrecidos por parte de la minera” y aún no se ha oficializado una nueva fecha.
“Los propios peritos solicitan más información para poder omitir sus dictámenes, y es en base a eso que han solicitado prórrogas, porque conforme van estudiando el caso se van dando cuenta que a lo mejor puede faltar algún documento”.
Asimismo, el director de Asuntos Jurídicos recuerda que “tanto la parte quejosa como los terceros perjudicados” cuentan con “la opción de recurrir al recurso de revisión”:
“Yo no pudiera decirle que va para largo, esto depende ya ahorita, meramente, de que se emitan los dictámenes periciales ofrecidos por las partes y que una vez que estén ya todos los elementos desahogados, o más bien las pruebas desahogadas en el juicio, hasta entonces el juzgado podrá emitir una sentencia”.
Hace cinco meses el abogado aseguraba que existía “viento a favor” de parte del Ayuntamiento en ambos juicios, considerando que la razón estaba de su lado:
“No hemos hecho más que cumplir lo que la propia ley nos establece, consideramos que en este caso la minera tiene todo el derecho de ejercitar las acciones que la propia ley le otorga, sin embargo consideramos que tenemos viento a favor en la resolución de esos asuntos”.
