La Paz, Baja California Sur.– Once organizaciones ambientalistas de carácter internacional denunciaron la corrupta actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) al autorizar en su momento los proyectos Cabo Cortés, Paraíso del Mar, Entre Mares y el CIP Playa Espíritu, en el Golfo de California. Acudieron a la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Presentaron la denuncia la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthjustice, la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo (ACCP), COSTASALVAJE, SUMAR, Los Cabos CoastKeeper, Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), Natural Resources Defense Council (NRDC) y Greenpeace México.
Entregaron a la CCA una petición que detalla diversas violaciones ocurridas durante los procesos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos mencionados, enfatizando que pese a no cumplir con la normativa ambiental, principalmente en relación a especies en peligro y ecosistemas frágiles como corales y manglares, los cuatro proyectos fueron autorizados por la SEMARNAT.
Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, explica que “el gobierno mexicano autorizó mega proyectos turísticos en zonas ecológicamente vulnerables del Golfo de California sin hacer cumplir la legislación ambiental nacional en cuanto a la evaluación de impacto ambiental y las áreas naturales protegidas”.
Por su parte, Eduardo Nájera, director de COSTASALVAJE, recordó que las organizaciones exhortan a Guerra Abud «a hacer transparente el proceso de aprobación de proyectos de desarrollo y asegurase de que las evaluaciones de impacto ambiental no sean aprobadas de manera discrecional, sino que realmente consideren el impacto que dichos desarrollos tendrán sobre los ecosistemas y las comunidades aledañas que de ellos dependen”.
En la denuncia presentada a la CCA, AIDA y Earthjustice argumentan además que al aprobar estos proyectos el gobierno falta a su obligación de proteger los humedales de importancia tanto nacional como internacional.
“Es preocupante que las autoridades aprueben proyectos, como en su momento se aprobó Cabo Cortés, que amenazan los recursos marinos y a las comunidades locales, sin tomar en cuenta los compromisos de México a nivel internacional, finaliza Carolina Herrera, de NRDC.
