La Paz, Baja California Sur.- El Ayuntamiento de La Paz violó la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur y sus Municipios al no notificar al Congreso del Estado sobre el financiamiento adquirido por 1 mil 47 millones de pesos, presupuestados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la aprobación de este financiamiento jamás pasó por los curules de la legislación local, además, la sociedad no fue consultada.
Así lo dijo David Moyrón Quiroz, titular de la Secretaría de Comunicación del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Baja California Sur (BCS), quien precisó que este llamado financiamiento es un empréstito velado.
El secretario aseguró que al menos tres artículos de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur y sus Municipios fueron violentados. Primero se refirió al Artículo 12, en su fracción cuarta, en donde se señala que corresponde al Congreso del Estado “autorizar a las entidades públicas para contratar créditos o empréstitos para destinarlos a inversión pública productiva”; en cuanto al Artículo 15, en su fracción primera, recuerda que “a los municipios les corresponde, por conducto de los ayuntamientos, celebrar empréstitos en forma individual o conjunta con otros municipios previa autorización del Congreso del Estado”; asimismo, indicó, el Artículo 26 manifiesta que “el Congreso del Estado podrá autorizar la contratación de financiamientos que excedan el periodo de ejercicio constitucional cuando existan razones justificadas para ello”. Sin embargo, insiste Moyrón Quiroz, el crédito por más de mil millones de pesos para el Ayuntamiento de La Paz jamás fue autorizado por el Congreso local.
“Este plan está completamente desvinculado de la sociedad, de la ciudadanía en general, por lo que no es una garantía de que se le pueda dar seguimiento a futuro, como lo prevé el plan de acción, que fue completamente editado en la ciudad de Washington, por el Banco Interamericano de Desarrollo […] El Ayuntamiento no puede ser un garante de que se cumpla al pie de la letra este plan de acción, ya que ni siquiera podemos ubicar que en el caso del transporte público haya realizado un estudio serio respecto al aumento de las tarifas, entonces, este plan o este estudio, aunque tenga el reconocimiento de instituciones extranjeras, deja la duda de cómo el Ayuntamiento pueda adaptarlo y cumplirlo cabalmente […] Nunca se hizo una consulta pública o se invitó a la sociedad a revisar este plan, a ser parte”.
El financiamiento del BID tiene proyectado distribuirse en tres grandes rubros: Sostenibilidad ambiental y cambio climático: 954 millones 577 mil pesos; Dimensión de desarrollo urbano integral y sostenible: 26 millones 320 mil pesos; y Sostenibilidad fiscal y gobernabilidad: 66 millones 110 mil pesos.
