La Paz, Baja California Sur.- Tan sólo en el municipio de La Paz, según corrobora la Secretaría de Economía (SE), existen al menos treinta y tres concesiones de minería de oro vigentes, aun cuando no cuenta con un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) actualizado que regule esta actividad, situación que pone en alerta a organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Sociedad de Historia Natural Niparajá, Agua Vale Más Que el Oro (AVMO), Medio Ambiente y Sociedad (MAS) y En Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural Sustentable, A.C., mismas que ya se han expresado al respecto.
El sistema integral de administración minera de la SE indica que las treinta y tres concesiones de minería de oro abarcan más de 59 mil 900 hectáreas del municipio de La Paz, y tan sólo proyectos como Pitalla, Picacho Blanco, Texcalama, San Antonio y La Testera suman más de 34 mil hectáreas.
Meredith de la Garza, directora ejecutiva de Niparajá, explica que «Texcalama y Picacho Blanco no han sido procedentes debido a que contravienen el Plan de Desarrollo Urbano, por ello los instrumentos de planeación deben estar preparados para la realidad del municipio. Contar con un POEL que regule la minería a cielo abierto y proteja nuestras fuentes de agua nos brinda certeza a todos».
Por su parte, Juan Ángel Trasviña Aguilar, de Medio Ambiente y Sociedad, A.C., comenta que «el proceso de elaboración del POEL inició en forma con un Convenio de Coordinación entre el ayuntamiento de La Paz, el gobierno del estado de BCS y la SEMARNAT desde el 29 de mayo de 2006”, recordando que “el año pasado el ayuntamiento de Esthela Ponce prometió darle celeridad a este instrumento”, por lo que se pregunta “¿hasta cuándo?» habrá algún avance en el tema.
Es importante recordar que el año pasado el Congreso del Estado aprobó por unanimidad un exhorto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal para que evalúe, o bien, reevalúe la factibilidad y viabilidad de los proyectos mineros a cielo abierto que utilicen cianuro u otro material químico o que liberen materiales altamente contaminantes en territorio sudcaliforniano, a fin de que no se continúen otorgando concesiones, permisos y licencias que les requieran, así como buscar la procedencia jurídica de dejar sin efectos los actos administrativos ya existentes que permiten o puedan permitir a las empresas mineras, explotar minas a cielo abierto con utilización de cianuro y otros materiales químicos altamente contaminantes en nuestro territorio.
Por último, Agustín Bravo, coordinador de la oficina de CEMDA en el noroeste, deja ver que «el POEL otorga certeza para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”:
“Con este instrumento se dejan asentadas cuáles son las vocaciones del municipio, qué tipo de actividades se pueden realizar como desarrollos turísticos, actividades mineras, agricultura, industria etcétera. Un municipio que no tiene orden se deja en incertidumbre, y la incertidumbre genera especulación, y cuando hay especulación se vuelve esto la ley de la selva, gana el más fuerte».
