La Paz, Baja California Sur.- Daniel Hernández Aguirre volvió a enfrentarse a los kafkianos recovecos de la ley. Recientemente, el procurador del estado, Gamil Abelardo Arreola Leal, durante entrevista en la radio contestó a quejas del padre de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado el 4 de marzo de 2010, asegurando que el expediente del caso siempre ha estado a disposición de la familia, aun cuando ellos manifiesten que desde el inicio de la administración Covarrubias no han tenido acceso al documento. En consecuencia, Hernández Aguirre y Bernardo Soriano Castro, su abogado, acudieron este 28 de febrero a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales y al Juzgado Primero para que les fuera facilitado el expediente y los avances en la investigación, pero únicamente se encontraron con “puras mentiras” y un avance insustancial.
Atendidos por Isaí Josué Arias Famanía, subprocurador de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Daniel Hernández Aguirre y Bernardo Soriano Castro señalaron que las declaraciones vertidas por Arreola Leal carecen de veracidad, pues a dos años de su dirección la institución se ha valido de artimañas burocráticas para ocultar sus investigaciones y la integración del expediente 199/2010. El representante legal de la familia Hernández Ascencio hizo evidentes diversas omisiones que se han cometido durante la procuración de justicia en el caso Jonathan, sobresaliendo el hecho de que uno de los testigos, Luis Francisco Robles Verdugo, mismo que acusó a José Daniel Sánchez Ávila dos años después del homicidio, describió detalladamente a uno de los asesinos, identificándolo en un set de fotografías de la PGJE. Además de que la fotografía del señalado no fue incluida en el expediente y de que esa línea de investigación se pospuso por más de un año, la necropsia realizada a Jonathan Hernández no coincide con las declaraciones del testigo, indicó Soriano Castro.
El subprocurador Arias Famanía aseguró que permanecerá en el puesto más que sus antecesores y que no habrá cambios indiscriminados de ministerios públicos. Cuando el señor Daniel Hernández le preguntó si se ha llamado a declarar a personajes como Fernando González Rubio o Karim Lizárraga, exprocuradores de justicia, a Francisco Javier Álvarez Marrón, primer fiscal encargado del caso Jonathan, jueces y ministerios públicos, obedeciendo a las irregularidades que existen en la integración del caso, mencionadas por el propio Arreola Leal, el subprocurador respondió que sí y que, incluso, algunos de ellos ya han declarado, pero que por la propia secrecía que guarda una investigación no puede mencionar nombres:
“En estos cuatro meses que yo tengo aquí he buscado que se dé continuidad […] Sí se está investigando, y las personas que mencionó también se están investigando […] No está parado el expediente, ni mucho menos, se está integrando […] Todo tiene que estar bajo ese expediente y resolverse conforme a derecho […] Obviamente se tendrá que ejercer acción penal a todo aquel funcionario o persona que haya omitido decir la verdad o ocultado algo (sic)”.
Tras cerca de dos horas de charla, enojos, reconstrucciones, política y compromisos, Hernández Aguirre y Soriano Castro salieron de la oficina del subprocurador y acudieron al Juzgado Primero con el fin de obtener el dichoso expediente, pero ahí se encontraron con un documento que no podía ser compartido. A base de insistencia, lograron que les fueran leídas algunas secciones de éste, y sólo se referían a los funcionarios que trataron el caso Jonathan viciosamente, mencionando al fiscal Álvarez Marrón y a varios ministerios públicos, pero no a los exprocuradores. Todos los funcionarios se apegaron al Artículo 20 Constitucional, usando su derecho a guardar silencio. Este hecho fue considerado por el señor Hernández Ascencio como un engaño más de la PGJE, “puras mentiras”.
