La Paz, Baja California Sur.- Aunque se muestra preocupado por el tema, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Omar Antonio Zavala Agúndez, no se pronuncia a favor de la homologación de la ley local con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Cuando se le cuestionó si en la agenda legislativa del comisionado de Seguridad Pública se halla iniciar la adecuación de las leyes locales para atacar frontalmente el delito de trata de personas, el diputado balbuceó, sosteniendo simplemente que mantiene reuniones constantes con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado, José Bernal Romero.
Durante su última visita a la entidad, la exdiputada federal Rosi Orozco, presidenta de la asociación civil Unidos Contra la Trata, dijo que Baja California Sur (BCS) es un estado donde no se ha dictado jamás una sentencia derivada del delito de trata de personas. En el “tratómetro”, indicó, “lo tenemos todavía como un estado donde hay impunidad, no está la ley homologada. Entonces, ya desde ahí, es realmente un lugar donde se puede dar muchísimo, al haber falta de diagnóstico, porque ni siquiera tenemos un diagnóstico en el estado, que es lo primero que debería hacer el estado”.
Zavala Agúndez concedió que “en la clandestinidad hay muchos más” casos de trata de personas en el estado que los que son evidentes, recordando que “un asunto muy claro son los niños del municipio de Los Cabos, cómo andan afuera de los centros nocturnos vendiendo, quizás muchos dicen que otras cosas por ahí y la autoridad no hace nada”.
“Es momento de que la autoridad voltee a ver todo este tipo de situaciones”, dijo finalmente el legislador.
