La Paz, Baja California Sur.-Luego de que el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Gamil Abelardo Arreola Leal, calificara como “parcial, errónea e insuficiente” la iniciativa presentada recientemente por el diputado Omar Antonio Zavala Agúndez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, en donde propone derogar la figura de arraigo en la entidad, y se refiriera a él como un individuo que en “su manera de actuar y expresiones” deja ver “su falta de capacidad e ignorancia”, el legislador solicitó formalmente al gobernador del estado, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, “la destitución inmediata” del abogado de Baja California Sur (BCS).
“No son declaraciones propias de un funcionario de primerísimo nivel, como lo es Arreola Leal”, expuso Zavala Agúndez, lamentando que “cuando las cosas no le resultan como él quisiera, sólo se ha limitado a menoscabar a otras autoridades, tal como lo hizo con el actuar del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, al culpar a un Juez Local, el Poder Judicial de la Federación, al culpar a un Juez Federal, y ahora lo hace con el Poder Legislativo, invadiendo incluso la esfera de facultades. Todo lo anterior ha sido como resultado de los desatinos obtenidos en los casos de Jonathan Hernández Asencio [y] de los ex funcionarios de la administración pasada”.
La Derogación del Arraigo Penal, recordó el diputado, fue concebida como “respuesta a la exigencia de la sociedad sudcaliforniana”, además de exponer que también se han pronunciado en contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Procurador General de la República, Colegio de Abogados del estado y diversos sectores de la sociedad.
Asimismo, muestra, el mismo gobernador, dentro del proyecto del nuevo Código Procesal Penal, ya no contempla la figura del arraigo, por lo que le extraña que Gamill Arreola realice dichas aseveraciones, contradiciendo al propio Covarrubias Villaseñor, su jefe directo.
Zavala Agúndez se refirió a cinco compromisos que Arreola Leal contrajo al postularse como titular de la PGJE y mostró que han sido incumplidos en su totalidad, precisando que este defecto en la procuración de justicia estatal tiene su base en la incompetencia del procurador. Los compromisos fueron:
Recuperar la credibilidad y confianza de la ciudadanía en la institución; mejorar la eficiencia, el trato humano y cálido, dando una atención consiente y eficaz en la procuración de justicia; romper con los vicios, costumbres indebidas, costumbre ilegales que existen en la propia actuación de la procuraduría; retomar los casos no resueltos sin fabricar culpables; y privilegiar la profesionalización del Ministerio Público y cuerpos que integran la institución, a través de exámenes de control de confianza, tanto de ingreso como de permanencia.
El Comisionado de Seguridad Pública comentó sobre el cumplimiento de estas tareas:
“Hasta la fecha no se ha recuperado la credibilidad y confianza de la ciudadanía en la Procuraduría de Justicia […] tanto o más que cuando tomó las riendas de la dependencia; se sigue teniendo una amplia deficiencia en el trato hacia los sudcalifornianos que acuden pidiendo justicia y el actuar de la Procuraduría de Justicia deja mucho que desear; creemos que no han sido desterrados los vicios, costumbres indebidas, costumbres ilegales […]; se retomaron los casos no resueltos, sí, pero hasta la fecha no se tienen los resultados […]; sobre la fabricación de culpables, es por demás evidente que en estos tiempos es cuando más se ha abusado de ello, pues las autoridades judiciales, tanto del orden local como federal, siguen decretando libertades en los asuntos que, a criterio del procurador, deben castigarse con todo el peso de la ley […]; no se ha privilegiado la profesionalización del Ministerio Público y los cuerpos que integran la institución […] ya que hemos visto que dicha institución está plagada de amigos del licenciado Arreola Leal que llegaron al arribo de éste, los cuales, en la mayoría de los casos, no han tenido una experiencia anterior en la materia”.
De igual forma, explicó, con Gamil Arreola la tasa de delitos por cada cien mil habitantes se encuentra incrementando. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre seguridad pública del año 2012, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010 fueron efectuados 25 mil 794 delitos, mientras que en 2011 fueron realizados 29 mil 47 delitos, es decir, 3 mil 253 delitos más que el año anterior, “y ello nos ubicó por encima de estados como Guerrero y Tamaulipas, a la par con Nayarit y Baja California, y nos mantiene muy pegados a Sinaloa y Jalisco”.
Por otro lado, continuó el diputado del tricolor, aún siguen sin encontrar justicia casos como el de Jonathan Hernández Asencio, el de los agentes de policías asesinados en San Antonio, el homicidio del comandante Márquez en Cabo San Lucas, los ejecutados en el Migriño, la balacera suscitada en la colonia Las Brisas, la denuncia presentada contra Arturo de la Rosa Escalante y también las desapariciones de la niña Lisseth Soto Salinas y el ambientalista David Sosa.
Es así, concluyó Omar Antonio Zavala, que queda comprobada la incapacidad del actual procurador de justicia, por lo que se suma a la solicitud del colegio de abogados y los familiares de víctimas cuyos casos se encuentran sin resolver y velados por la ineptitud, solicitando “la destitución inmediata” de Gamil Abelardo Arreola Leal como procurador de Justicia en el estado.
