La Paz, Baja California Sur.- A pesar del fallo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) a favor del proyecto canadiense de minería tóxica a cielo abierto “La Pitalla”, “no es suficiente para que se comiencen actividades en la comunidad de San Antonio, ya que no es compatible con el Plan de Desarrollo Urbano y son necesarios más permisos por parte de las autoridades”, asegura la oficina sudcaliforniana del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
A través de este fallo, el TFJFA obliga a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a emitir una nueva resolución por parte de la delegación federal en Baja California Sur (BCS) en lo que se refiere el cambio de uso de suelo, sin embargo, este fallo “no necesariamente debe ser en sentido positivo”, advierten los ambientalistas.
“Además de considerar la titularidad de los terrenos por parte de Pitalla, el nuevo resolutivo debe tener el aval del Consejo Estatal Forestal y se debe demostrar que no se compromete la biodiversidad del sitio, no se provocará erosión en los suelos, que no se deteriorará la calidad del agua o la disminución de su captación, entre otros criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, explica el CEMDA.
Asimismo, recuerda que al proyecto minero La Pitalla “le hacen falta más permisos” como una autorización en materia de impacto ambiental, permiso de uso de suelo emitido por parte del Gobierno del Estado y la licencia de construcción por parte del municipio.
“El proyecto de la mina San Antonio/Pitalla nunca ha demostrado ser viable”, indica el CEMDA, “hecho por el cual la SEMARNAT también lo rechazó durante el proceso de evaluación de impacto ambiental, ya que no publicó un extracto del proyecto, no ofreció información sobre los impactos ambientales de las obras asociadas, no proporcionó información que permitiera evaluar su impacto hacia la integridad y capacidad de carga de los servicios ambientales, no identificó los impactos ambientales acumulativos y residuales del proyecto, no se evaluaron los posibles daños al acuífero de Los Planes, no entregó información faltante que le solicitó SEMARNAT, entre otros”.
Agustín Bravo Gaxiola, representante de la oficina noroeste de CEMDA, indicó que el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) de la ciudad de La Paz clasifica un 60% del polígono en donde se pretende establecer La Pitalla como zona de Protección Ecológica de Aprovechamiento, lo que significa que no se permiten actividades industriales, “por lo que una mina es incompatible con el uso de suelo definido legalmente”.
Cabe recordar que el acuífero del cual pretende extrae agua la minera para sus operaciones se encuentra catalogado como sobreexplotado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Además, dicho acuífero presenta muestras de estar contaminado por las actividades mineras que se dieron durante los últimos trescientos años en la zona.
“Esthela Ponce”, ultimó Bravo Gaxiola, “debe concluir el ordenamiento ecológico de La Paz, al ser el único instrumento que realmente protegerá al municipio de más proyectos de minería tóxica, como están siendo el de Mina San Antonio/Pitalla y Los Cardones”.
