Discutirán sanciones para la explotación laboral infantil
Marlene Gómez
Marlene Gómez

San José del Cabo, Baja California Sur.- Con la intención de sancionar la conducta de los padres que envían a sus hijos a trabajar a las calles, colocándolos en una situación de riesgo, es que la Comisión de Equidad y Bienestar Social, de la mano de iniciativa privada, universidades, Colegio de Abogados, Diputados locales y organizaciones civiles vinculadas a los derechos de los niños, establecerán a partir de la siguiente semana, mesas de trabajo.

Marlene Gómez, asesor jurídico externo de la Comisión de Equidad y Bienestar Social y del Cabildo de Los Cabos, advirtió que dichas mesas de trabajo pretenden ser una herramienta para crear tipos penales que puedan sancionar y erradicar la situación de niños vendedores ambulantes, sobre todo en las áreas del centro, la marina y la playa del Médano, en Cabo San Lucas, donde se presenta el foco rojo.

Lo anterior, refirió, “para que en un momento dado sean aprobadas por el Congreso Estatal y se adicionen ciertos tipos penales al código penal actual; la idea es exista una sanción realmente aplicable para esos papás en la que pueda haber hasta la suspensión o pérdida de derechos para ellos, porque son niños que quizá no asimilan que pueden estar en riesgo, pero quedan sujetos a explotación sexual, prostitución o cualquier otro tipo de violencia y las circunstancias los hacen más vulnerables”.

Aunque en algún momento se realizaron operativos para recoger a los niños vendedores ambulantes, no existían las bases para que surgieran consecuencias legales que permitieran resguardarlos, por eso la importancia de las mesas de trabajo, las cuales arrojarán la problemática real y de fondo, para en un momento dado se establezcan conductas consideradas como delitos aplicables a los papás.

Asintió que por el momento, Protección Civil e Inspección Fiscal comenzaron con operativos de recoger mercancía a vendedores ambulantes, pero basados en los horarios que el reglamento establece para la venta, los cuales de existir alguna legislación aplicable a los papás, entonces permitiría que el Ministerio Público o un juez, pudiera tomar las medidas de protección para esos niños que ofertan artesanías o chicles.

Aseveró que la única forma en la que actualmente se puede ejercer una medida de protección del MP o del DIF para alguno de estos niños, es que se le comprueben condiciones particulares de posible abuso o vulnerabilidad, como por ejemplo, que sean víctimas de abuso sexual, familiar o que sea maltratado sino labora, “en esas circunstancias se les puede proteger”, subrayó.

Las mesas de trabajo, dijo la asesora Gómez, se verán nutridas con la información con la que cuenta el DIF delegacional, por medio de PAMAR, quienes tienen un censo de los niños y niñas ya identificados en la zona trabajando en venta de artesanías o chicles, así como con la iniciativa privada, quienes han desarrollado campañas a través de carteles en zonas turísticas y restaurantes, que invitan a los visitantes a no comprar este tipo de productos.

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